El diputado Antonio Pino confirma que la Comisión de Constitución retomará el tratamiento de dos proyectos de ley para cubrir las acefalías de ese alto tribunal, pero rechaza imposiciones de salas constitucionales al Órgano Legislativo.
eju.tv / Video: Red América TV
El diputado Antonio Pino, de la Alianza Libre, afirmó este miércoles que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reinstalará su sesión para analizar los proyectos de ley destinados a cubrir las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); empero, cuestionó que un fallo constitucional emitido en El Alto obligue a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a ingresar en el debate de ese tema.
Pino explicó que actualmente existen al menos siete proyectos de ley presentados sobre esa temática y precisó que uno de ellos (el Proyecto de Ley 022) debe ser tratado debido a un fallo de una sala constitucional departamental de La Paz. Sin embargo, cuestionó el carácter vinculante de esa resolución judicial, al considerar que dos vocales no pueden obligar al Órgano Legislativo a legislar.
“El órgano legislativo es el primer poder del Estado”, sostuvo el parlamentario, al remarcar que el tratamiento de la norma debe responder a la voluntad legislativa y al análisis técnico, y no a imposiciones externas ya sean del Órgano Judicial o de otro poder del Estado. En paralelo, indicó que el reglamento legislativo también obliga a considerar el Proyecto de Ley 026, remitido por la Cámara de Senadores; en consecuencia, ambos serán tratados en la Comisión mencionada.
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“Se está analizando, hay un montón de detalles que hay que ver, analizar si el fallo de la sala, de esta Sala Constitucional de El Alto es vinculante para el primer poder del Estado, porque hay que tomar en cuenta que el órgano legislativo es el primer poder del Estado, y dos vocales de una sala departamental no pueden obligar al órgano legislativo a legislar; además, cuando hay una variedad de leyes, hay siete leyes”, refirió.
De acuerdo con Pino, ambos proyectos tienen objetivos muy similares y plantean habilitar a la presidenta del TCP, ante la actual conformación reducida de cuatro magistrados, a que asuma no solo funciones administrativas y de representación, como establece el artículo 30 de la Ley 027, sino también atribuciones jurisdiccionales dentro de una sala constitucional. No obstante, aclaró que existen aspectos a considerar antes de asumir una decisión definitiva.
“Haciendo una comparación de ambos proyectos de ley, son bastante parecidos respecto al fondo, a lo que se desea implementar, que es básicamente que la presidente del Tribunal Constitucional, en esta circunstancia de cuatro magistrados tan solo, pueda asumir no solamente lo que prevé el artículo treinta de la ley cero veintisiete, que son representación y tareas administrativas, sino también tareas jurisdiccionales dentro de una sala”, explicó.
El diputado de la Alianza Libre, Antonio Pino, en contacto con los periodistas. Foto: captura de pantalla
El legislador confirmó que la Comisión de Constitución evaluará principalmente ambos proyectos, tomando en cuenta que uno de ellos ya fue tratado en la Comisión de Justicia Plural, lo que abre el debate sobre si corresponde modificarlo o simplemente remitir su informe al pleno de la Cámara de Diputados.
“Vamos a reinstalar la sesión de la Comisión de Constitución y vamos a analizar fundamentalmente dos proyectos de ley: el 022, que es el que tiene un fallo judicial, y el 026 que viene de la Cámara de Senadores, y muy recientemente ha sido tratado ya por la Comisión de Justicia Plural; entonces, vamos a ver hasta dónde podemos volver a tratarlo si modificamos algo que ya ha sido tratado en otra comisión”, argumentó.
Respecto a la posibilidad de elecciones judiciales complementarias, Pino afirmó que se trata de una condición ‘sine qua non’ para normalizar el funcionamiento del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia. Señaló que cualquier modificación al actual funcionamiento del Tribunal Constitucional debe ser temporal y estar sujeta a la elección de las autoridades que no fueron elegidas por una determinación de los exmagistrados autoprorrogados.
Asimismo, sostuvo que lo más conveniente para la administración de justicia en el país sería que dichas elecciones se realicen este año, aunque advirtió que darlo por hecho sería irresponsable, debido a los plazos y a la complejidad del escenario que rodea la crisis institucional del sistema judicial. “Este año es lo óptimo, vamos a ver si es posible, pero es lo óptimo y es a lo que aspiramos; (pero) dar por sentado que va a ser este año yo considero que sería una irresponsabilidad de mi parte”, subrayó.