En cuanto a los antecedentes del caso, Yujra señaló que Montaño es investigado por un presunto hecho de corrupción vinculado a la ejecución para la construcción de la Doble Vía El Sillar, en Cochabamba, en el que los montos observados son variables.
eju.tv / Video: Gigavisión
El fiscal Omar Yujra informó que en la audiencia de apelación a la detención preventiva del exministro Edgar Montaño, prevista para la tarde de este miércoles, el Ministerio Público solicitará que el plazo de la medida cautelar sea ampliado de cuatro a seis meses, en el marco de la investigación por un presunto caso de corrupción en la construcción de un tramo carretero que conecta a Cochabamba con Santa Cruz.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Hoy se llevará a cabo la audiencia de apelación al finalizar la tarde. Evidentemente, el Ministerio Público, en la imputación formal, ha solicitado seis meses de detención preventiva; sin embargo, la autoridad jurisdiccional solo ha otorgado cuatro meses. En esta audiencia vamos a sustentar los motivos por los cuales se solicitó el plazo de seis meses, por el cual insistiremos para profundizar las diligencias investigativas», afirmó el fiscal del caso.
Asimismo, el fiscal descartó que exista, hasta el momento, una orden de aprehensión contra el exdirector de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina. No obstante, precisó que el proceso involucra a varios investigados, entre ellos exautoridades y funcionarios jerárquicos tanto de la ABC como del Ministerio de Obras Públicas.
En cuanto a los antecedentes del caso, Yujra señaló que Montaño es investigado por un presunto hecho de corrupción vinculado a la ejecución para la construcción de la Doble Vía El Sillar, en Cochabamba, en el que los montos observados son variables. Sin embargo, de manera preliminar, se estima un posible perjuicio económico cercano a los 3 millones de dólares, cifra que será “aclarada y concretizada” a través de una auditoría forense. El exministro enfrenta imputación formal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Finalmente, el fiscal precisó que los hechos investigados se remontan a la gestión 2015, cuando el contrato original fue objeto de diversas modificaciones y complementaciones. En el caso específico de Montaño, la investigación se concentra en los contratos modificatorios suscritos entre las gestiones 2020, 2021 y 2025, periodo en el que ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas.