El calendario electoral sorteó el orden de las candidaturas en las papeletas, mientras el proceso se enfrenta a un volumen sin precedentes de candidaturas rechazadas por incumplimiento de requisitos legales.
Simulacro de sorteo del TED Potosí. Foto: El Potosí
En un acto contemplado en el calendario oficial, los tribunales electorales de los nueve departamentos llevaron adelante este viernes el sorteo del orden de las fuerzas políticas en las papeletas electorales para las elecciones subnacionales, procedimiento que marca una etapa clave en la preparación del voto, porque ratifica cuáles son las organizaciones políticas habilitadas a los comicios del 22 de marzo próximo.
El sorteo se produce en medio de un proceso electoral que ha roto un récord de candidatos registrados, pero al que siguió un fenómeno masivo de inhabilitaciones de candidatos, que, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene un impacto directo en el desarrollo del proceso electoral, tanto en la parte administrativa como en el ejercicio del derecho ciudadano al voto informado, especialmente en una etapa en la que deben imprimirse más de 500 modelos distintos de papeletas electorales en todo el país.
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Según cifras oficiales del TSE, en este proceso se renovarán las autoridades de los nueve gobiernos departamentales, que incluye gobernadores y asambleístas departamentales; vicegobernadores en varios departamentos; autoridades de los 336 municipios del territorio nacional; y cargos específicos como subgobernadores y corregidores en el departamento de Beni, además de un Ejecutivo Regional en el Gran Chaco de Tarija.
De acuerdo con datos oficiales, son cerca de 5.000 autoridades políticas las que serán elegidas en este ciclo, cifra que convierte a las subnacionales en el proceso electoral más amplio. El presidente del TSE, Gustavo Ávila, ha destacado la magnitud organizativa de este proceso, tanto por la cantidad de cargos como por la diversidad de agrupaciones habilitadas para competir en las urnas en todo el país.
La papeleta para la elección de gobernador en Santa Cruz. Foto: Red Uno
El registro de candidaturas superó ampliamente cualquier expectativa previa: más de 34.000 postulantes se inscribieron para competir por los distintos cargos subnacionales. Sin embargo, una vez concluidas las etapas técnicas de revisión de requisitos, el proceso experimentó una depuración sin precedentes; según el propio TSE, aproximadamente 26.000 de esos aspirantes fueron inhabilitados, lo que equivale a cerca del 80% de las candidaturas presentadas.
La mayoría de las inhabilitaciones se produjo por el incumplimiento de requisitos básicos, la presentación del legajo incompleto o insuficiente. Los postulantes inhabilitados no presentaron documentos y certificaciones exigidas por ley, entre ellos la libreta militar, certificado de solvencia y el Certificado de No Violencia (CENVI). Varias de las carpetas fueron entregadas por los delegados de las organizaciones políticas solo con fotocopias de carnet de identidad sin la debida legalización.
El resultado es un escenario atípico, porque de más de 34.000 inscritos inicialmente, solo alrededor de 8.100 candidatos fueron habilitados formalmente para participar en las elecciones subnacionales, es decir, menos de una tercera parte del total. La inhabilitación alcanza a candidatos de diferentes cargos, incluidos aspirantes a alcaldías, primeros asambleístas y primeros concejales, entre otros postulantes.
Ante este panorama, el TSE ha establecido un plazo legal, hasta principios de febrero, para que las organizaciones políticas puedan sustituir las candidaturas inhabilitadas con aspirantes que cumplan los requisitos establecidos. Esta medida, que ya fue incorporada al calendario electoral, busca evitar vacíos en las boletas y garantizar que los votantes cuenten con opciones válidas en todas las categorías en disputa.
En el municipio de La Paz hay 18 frentes habilitados para las subnacionales. Foto: Red Uno
Más allá de su impacto operativo, la ola de inhabilitaciones ha generado debates políticos importantes sobre la calidad institucional del proceso y la estrategia de las organizaciones políticas. Algunos analistas señalan que la presentación de candidatos con documentación insuficiente puede haber sido una táctica deliberada para ‘bloquear’ espacios en las listas y luego negociar sustituciones, lo cual el TSE ha criticado como una práctica poco seria y contraria al espíritu de la normativa electoral.
“Lo que han hecho las organizaciones políticas es utilizar un mecanismo legal en el que indican que, si ellos presentan algunos de los documentos y éste es inhabilita, ese espacio queda lleno para que lo sustituyan. Es una estrategia que se ha repetido de la elección general”, detalló, para luego añadir que, hasta el próximo 5 de febrero, las organizaciones políticas, ‘por responsabilidad con Bolivia’, tienen que sustituir a los más de 26.000 candidatos”.
Por otro lado, la magnitud de las inhabilitaciones ha reabierto discusiones sobre el equilibrio entre la exigencia de cumplimiento de requisitos legales y el derecho de participación política, especialmente en contextos donde las estructuras partidarias pueden enfrentar dificultades administrativas para cumplir plazos y formalidades en todos los niveles territoriales.
El calendario electoral estipula que, tras el sorteo de ubicación en la papeleta de este viernes, siguen etapas clave como la aprobación del diseño de las papeletas, la difusión de propaganda y el sorteo de jurados electorales, hasta llegar a la jornada de votación el 22 de marzo de 2026. La jornada de sorteo del orden de las papeletas abre formalmente una fase decisiva del proceso subnacional de 2026, en la que el desafío para el ente electoral será organizar de forma eficiente una elección de enorme escala territorial.