Argumentó que el sector minero cooperativista no representa únicamente a un gremio, sino que «forma parte del tejido social y productivo del país, y que el desarrollo económico de Bolivia, especialmente en el occidente, fue posible gracias al aporte de la minería a lo largo del siglo XX».
eju.tv / Video: Wara TV
Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) expresó este viernes su rechazo al proyecto de ley antibloqueos, señalando que la prohibición del uso de material explosivo en movilizaciones sociales, como la dinamita, constituye una «provocación» directa al sector minero cooperativista y un intento de criminalizar la protesta social, derecho reconocido por la Constitución Política del Estado.
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El presidente del sector, Jusue Caricari, sostuvo que calificar al material explosivo como un arma en el contexto de las protestas desconoce la realidad y la historia del país, recordando que los mineros han utilizado estos instrumentos como parte de sus mecanismos de defensa en épocas de dictadura y en procesos de reivindicación social.
«Repudiamos y rechazamos estos proyectos que están atentando, por un lado, contra la soberanía del país y, por otro, contra la voz del pueblo, que es mayoría. En ese sentido, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, juntamente con sus federaciones departamentales y regionales, estará atenta a cualquier intento, tanto de la Asamblea Legislativa como del Gobierno, de quitarnos el derecho a la voz, a la protesta y al reclamo, tal como lo establece nuestra Constitución», enfatizó el dirigente, en conferencia de prensa.
Argumentó que el sector minero cooperativista no representa únicamente a un gremio, sino que «forma parte del tejido social y productivo del país, y que el desarrollo económico de Bolivia, especialmente en el occidente, fue posible gracias al aporte de la minería a lo largo del siglo XX».
Ante este contexto, anunció que la Fencomin presentará su posición ante el Senado y las instancias correspondientes, advirtió que no permitirán la aprobación de decretos o disposiciones que «fracturen a los sectores sociales, vulneren el derecho a la protesta o atenten contra la Constitución Política del Estado», así como contra normativas y resoluciones de organismos internacionales.
El dirigente también cuestionó que el proyecto de ley antibloqueos avance sin un «proceso de consenso», por lo que exhortó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y consenso con los sectores sociales antes de impulsar medidas que, lejos de resolver conflictos, profundizan la confrontación. «No nos quiten el derecho a la voz y a reclamar», enfatizó.