La norma para frenar bloqueos y protestas provoca posturas contrarias; las organizaciones sociales rechazan la norma y sectores del oficialismo y empresariales la respaldan por el impacto económico y social de las movilizaciones.
eju.tv / Video: Red América TV
El proyecto de Ley Antibloqueos ha reabierto un debate profundo sobre los límites de la protesta social, el rol del Estado y el desgaste ciudadano frente a las constantes medidas de presión; en ese escenario, tres voces de distintos sectores han marcado posiciones contrapuestas que anticipan un conflicto político y social de alto voltaje.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, el diputado Carlos Alarcón planteó que sea la ciudadanía la que defina el futuro de la norma mediante un referéndum nacional, como salida ante el rechazo anunciado por la Central Obrera Boliviana (COB). Alarcón sostuvo que existe un “cansancio y hartazgo del pueblo boliviano” frente a los bloqueos y afirmó que, una vez aprobada la ley por el Legislativo, esta puede ser sometida a consulta popular antes de su promulgación.
“El referéndum es la última razón si la COB cumple sus amenazas”, afirmó el legislador, al señalar que el voto ciudadano permitirá establecer si existe respaldo mayoritario a la norma. Según su planteamiento, si el referéndum avala la ley, la decisión sería vinculante para que el presidente del Estado la promulgue; caso contrario, la norma quedaría sin efecto. Alarcón aseguró que la ley cuenta con una ‘gran mayoría de aceptación’ social y cuestionó a dirigencias sindicales que, en su criterio, ‘viven de la violencia de los bloqueos’.
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“Una vez aprobada y sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley antibloqueos se la puede someter a un referéndum para que el conjunto de todos los bolivianos con su voto individual defina si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa Ley antibloqueos sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y si en consecuencia está de acuerdo o no con que la promulgue el Presidente del Estado”, aseveró.
Foto: captura de pantalla
La propuesta, sin embargo, ha generado reacciones en sectores sociales. La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) del Norte de El Alto rechazó de manera categórica el proyecto, al que calificó como una ‘mordaza contra el pueblo’. En un pronunciamiento público, la organización acusó al Gobierno de intentar criminalizar la protesta social y de ir ‘contra la libertad de expresión’.
Los dirigentes vecinales advirtieron que la norma busca dejar a la población con las manos atadas’ frente a futuras reivindicaciones, para evitar que la demanda social se imponga ante imposiciones como sucedió cuando bloqueos y movilizaciones forzaron al Ejecutivo a retroceder hace unos días con el Decreto Supremo 5503. “El Gobierno nuevamente se está equivocando, está yendo contra la población”, afirmaron, al señalar que la protesta social ha sido históricamente una herramienta de conquista de derechos.
“Nosotros como organizaciones sociales, sindicales, cívicas, como nos caracterizamos queremos hacer un pronunciamiento al gobierno central, prácticamente nuevamente está queriendo equivocarse, está yendo contra la población, contra la libertad de expresión al proyectar una Ley antibloqueos. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente a la población, a la ciudadanía quiere dejar las manos atadas para que nosotros no podamos tomar ningún tipo de reivindicación o ningún tipo de conquista social”, subrayó.
El exsenador Leonardo Loza defendió la medida como una reivindicación de los movimientos sociales y afirmó que la promulgación de esa norma sería un error garrafal del gobierno de Rodrigo Paz, porque iría contra el derecho legítimo del pueblo movilizado a la protesta. “Las movilizaciones en nuestro país son características, propias y naturales (de la protesta social), no solamente el bloqueo de caminos. Ojalá el gobierno no cometa un error más. El pueblo derroto al gobierno por un decreto inhumano y entreguista”, apuntó.
Foto: captura de pantalla
En contraste, desde el Legislativo también surgieron voces de respaldo al proyecto. La diputada María René Peñaloza manifestó su apoyo a la Ley antibloqueos, porque –dijo– las protestas reiteradas afectan gravemente a la economía y a la vida cotidiana, especialmente en ciudades como La Paz. “Estamos aburridos de las marchas”, afirmó, al señalar los perjuicios que generan para la población en su conjunto.
Peñaloza sostuvo que es necesario diferenciar entre protestas legítimas y aquellas que derivan en violencia y destrucción. Aseguró que las movilizaciones recientes han dejado a la ciudad ‘hecha trizas’ y defendió la necesidad de contar con un marco legal que sancione las protestas no pacíficas. “Si la protesta no es pacífica, se tiene que hacer algo”, señaló, confirmando que respaldará plenamente la iniciativa impulsada por Alarcón.
En consecuencia, la norma antibloqueos afronta un escenario polarizado entre quienes ven en la norma una respuesta al desgaste económico como consecuencia de la paralización del país por esas medidas, y quienes la consideran una amenaza directa al derecho a la protesta. Un referéndum trasladaría el debate a las urnas y profundizaría la discusión política que divide el país en este momento, porque la sociedad en su conjunto tendría que manifestar su posición respecto a la cuestionada ley.