Agregó que, una vez que estas denuncias sean admitidas por el Ministerio Público y se emitan los requerimientos fiscales, se dará a conocer los detalles de personas, montos, transacciones y fechas. Asimismo, los datos están siendo procesados por unidades especializadas en fraude financiero.
eju.tv / Video: Radio Erbol
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, reveló este martes nuevos detalles clave en la investigación del caso Botrading, al señalar la existencia de una estructura de cobros ilegales que operaba dentro del sector hidrocarburos y que habría incidido directamente en el desabastecimiento de combustibles en el país.
Afirmó que las investigaciones impulsadas desde la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos permitieron identificar mecanismos irregulares mediante los cuales funcionarios y exfuncionarios exigían pagos a cambio de autorizaciones, licencias y vales vinculados a la comercialización y transporte de combustibles.
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«En este trabajo investigativo se puede seguir respondiendo a las preguntas de por qué hemos terminado con colas en los combustibles, con desabastecimiento y con crisis, y las respuestas se van dando durante las investigaciones. Por ejemplo, ¿a quién favorecía que exista la subvención en hidrocarburos? A quienes generaban las autorizaciones para estaciones de servicio, a quienes otorgaban autorizaciones para el desvío de combustibles, a quienes entregaban licencias para cisternas. ¿Y por qué? Porque resulta que había una estructura que institucionalmente se había montado para extorsionar a la gente», afirmó la autoridad.
Mencionó que solo en una de las estructuras analizadas, vinculada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se detectó un movimiento irregular superior a los 2,5 millones de bolivianos, cifra que puede incrementarse conforme avance la indagación sobre particulares y testaferros que habrían operado junto a funcionarios públicos.
En este contexto, el Ministerio Público decidió ampliar la investigación del caso Botrading I contra seis exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La ampliación fue solicitada por la comisión de fiscales a instancias del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado.
«Si usted quería tener autorización para un surtidor, tenía que pagar. No pagar al Estado, sino pagar al funcionario o exfuncionario. Si usted quería tener vales para poder contar con autorizaciones, tenía que pagar coimas. Y esas coimas se han evidenciado en una investigación financiera que se ha realizado justamente en esta instancia y que, hasta este momento, solamente en una estructura, por ejemplo, en la ANH se tiene un reporte de enriquecimiento ilícito de estos exfuncionarios por más de 2,5 millones de bolivianos», detalló.
Agregó que, una vez que estas denuncias sean admitidas por el Ministerio Público y se emitan los requerimientos fiscales, se dará a conocer los detalles de personas, montos, transacciones y fechas. Asimismo, los datos están siendo procesados por unidades especializadas en fraude financiero y serán complementados con informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En días pasados se informó que por el caso Botrading se amplió la denuncia contra Ramiro D. I., Abigail T. C., José A. F., Walter M. O., Gabriela P. V. y Enrique F. M., quienes al momento de los hechos ejercían funciones en YPFB y ahora son investigados por su presunta participación en decisiones que habrían favorecido intereses privados en perjuicio del Estado.
El viceministro subrayó que las pesquisas no se limitarán a funcionarios de bajo rango y que existen indicios de responsabilidad en instancias jerárquicas superiores. Indicó además que se habilitaron mecanismos de denuncia con resguardo de identidad, lo que permitió recibir información detallada sobre fechas, montos y rutas de los pagos irregulares.