La protesta encontró un rápido respaldo en la bancada parlamentaria potosina. En conferencia de prensa, el diputado Edgar Zegarra Bernal, junto a su colega Emilio Barrera Ramos, calificó las designaciones como “un manoseo a la dignidad potosina”. Zegarra argumentó que el departamento cuenta con profesionales capaces y no requiere de personal foráneo.
La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (Fencomin Sur) tomó por la fuerza este jueves las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Tupiza, en un acto de protesta contra la designación de funcionarios de otras regiones para dirigir la institución en Potosí. Los manifestantes exigen al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que revoque estos nombramientos y en su lugar posesione a profesionales potosinos en los puestos jerárquicos.
En contacto con Radio Panamericana, dirigente de las cooperativas, Jaime Leaño, afirmó que «las medidas de presión se radicalizarán si la AJAM no destituye en las próximas horas a estas autoridades foráneas y designa en su lugar a meritorios profesionales potosinos, porque ya están cansados del manoseo político y de que se trate con desprecio a Potosí». Esta declaración establece un plazo perentorio y vincula el conflicto laboral con una afrenta a la dignidad regional.
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La protesta encontró un rápido respaldo en la bancada parlamentaria potosina. En conferencia de prensa, el diputado Edgar Zegarra Bernal, junto a su colega Emilio Barrera Ramos, calificó las designaciones como “un manoseo a la dignidad potosina”. Zegarra argumentó que el departamento cuenta con profesionales capaces y no requiere de personal foráneo.
Así, Zegarra lanzó una pregunta directa al presidente Paz: “¿Le gustaría que manden profesionales a Tarija a conducir sus instituciones? Creo que no. Entonces también respétennos a los potosinos”. El legislador recordó el papel de Potosí como «la billetera económica del país» y demandó autoridades con conocimiento real de la minería local.
Desde el Legislativo, la advertencia adquirió un tono aún más grave. El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Emilio Barrera Ramos, respaldó la acción de los mineros y trasladó toda responsabilidad por una escalada del conflicto al Ejecutivo al afirmar que “nuestra gente ya nos ha rebasado, no podemos controlar (…) que se atenga a las consecuencias nuestro hermano presidente, si hay cualquier problema (…) no es nuestra responsabilidad”.
El conflicto trasciende una mera disputa administrativa y expone una tensión estructural entre las políticas de designación del Gobierno central y las crecientes demandas de autonomía y reconocimiento de las regiones históricamente productivas. La AJAM se ha convertido en el símbolo tangible de esta pugna, donde la capacidad local y la identidad departamental chocan con lo que los manifestantes perciben como una imposición centralista y un trato de segunda categoría.
La toma de las oficinas en Tupiza marca un nuevo y agudo episodio de confrontación que podría escalar rápidamente. La demanda, sustentada en el argumento económico y la dignidad regional, pone al gobierno de Paz ante un dilema complejo: ceder ante la presión y modificar sus designaciones, arriesgándose a sentar un precedente, o mantener los nombramientos y enfrentar una radicalización de las protestas en un departamento clave para la economía nacional.