En ese contexto, el TSE precisó que cualquier actuación sobre la situación de UCS solo podrá realizarse una vez que exista una notificación formal del TCP, conforme a los principios de legalidad, publicidad y transparencia que rigen el funcionamiento de las instituciones del Estado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que, hasta la fecha, no fue notificado legalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a ninguna resolución, auto o determinación jurisdiccional vinculada a la situación jurídica de la organización política Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informa que, hasta la fecha, no ha sido notificado legalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional con ninguna resolución, auto o determinación jurisdiccional en relación con la situación jurídica de la organización política Unidad Cívica Solidaridad (UCS)», señala el Órgano Electoral, en uas n comunicado de prensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El pronunciamiento surge luego de que en las últimas horas circula una resolución no oficial que instruye al TSE continuar con la cancelación de la personería jurídica de UCS, partido que pertenece al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández. Sin embargo, el Órgano Electoral dejó en claro que no existe ninguna comunicación oficial que respalde esas versiones.
En ese contexto, el TSE precisó que cualquier actuación sobre la situación de UCS solo podrá realizarse una vez que exista una notificación formal del TCP, conforme a los principios de legalidad, publicidad y transparencia que rigen el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, señaló que esa instancia aún no ha notificado la resolución correspondiente al caso de la sigla de UCS, aunque adelantó que el documento será conocido “en los próximos días”.
En las elecciones generales de agosto de 2025, UCS y Acción Democrática Nacionalista (ADN) no lograron el 3% mínimo de votos en la primera vuelta de las elecciones generales, tal como establece la normativa electoral vigente.