Sin embargo, la disparidad en las penas, que van de 10 a 25 años, y la diversidad de agresiones desde el abuso hasta la violación continuada plantean interrogantes sobre la necesidad de políticas de prevención más eficaces en todos los departamentos.
¿Dónde fallaron las redes de protección? En un solo día, las Fiscalías Departamentales de La Paz, Chuquisaca y Tarija informaron sobre sentencias y procesos judiciales por casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y una joven que evidencian la propagación de este delito en distintas regiones del país y la respuesta del sistema de justicia.
Los reportes, emitidos hoy (26) detallan agresiones que van desde el abuso sexual hasta la violación, con víctimas cuyas edades oscilan entre los 7 y los 17 años. Los casos, ocurridos en áreas urbanas y rurales, involucran a agresores que van desde familiares directos hasta vecinos y desconocidos que revelan un panorama preocupante de vulnerabilidad en varios departamentos.
En el departamento de La Paz, el Juzgado 8º de Sentencia Penal dictó condenas de 15 años de prisión para dos vecinos de 59 años que fueron hallados culpables de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en la zona Tejada Rectangular de El Alto. Según la Fiscal Litigante, Nilda Calle, los hombres doparon a la víctima en mayo de 2024 para luego realizarle toques impúdicos. «Durante la audiencia, la Fiscal del caso presentó las pruebas obtenidas que fueron valoradas por el Tribunal», explicó el Fiscal Departamental Luis Carlos Torrez.
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Mientras en Chuquisaca, la Fiscalía inició una investigación por violación con agravante contra un padre de 74 años y su hijo de 17, presuntos autores de agresiones sexuales reiteradas contra su hija y hermana, respectivamente, una adolescente de 14 años con discapacidad. Los abusos, denunciados en este mes, habrían ocurrido durante varios años en una comunidad de Muyupampa. El padre fue enviado a detención preventiva por tres meses, mientras el adolescente queda al resguardo de la Defensoría de la Niñez.
En Tarija, la justicia impartió sentencias en tres casos distintos. Un hombre de 31 años fue condenado a 10 años por abusar de su sobrina política de 7 años en 2019. Un segundo sujeto, de 41 años, recibió pena similar por violar a una adolescente de 17 años en Yacuiba, relación que resultó en un embarazo. El tercer y más grave caso terminó con una sentencia de 25 años para un hombre de 56 años por violar a una adolescente de 13 años a la que secuestró mientras trabajaba como mototaxista en Villa Montes.
Los tres procesos judiciales compartieron una estrategia probatoria robusta. Las fiscalías presentaron evidencias como declaraciones en Cámara Gesell, certificados médico forenses, informes psicológicos y testimonios que fueron determinantes para obtener sentencias condenatorias y medidas cautelares.
Estos casos revelan patrones alarmantes por la explotación de la confianza y la cercanía (vecinos, familiares o parejas sentimentales), la victimización de personas en situación de discapacidad y la impunidad prolongada, con agresiones, que se extendieron por años antes de ser denunciadas. El caso de Chuquisaca, donde el delito ocurrió en el seno del hogar, subraya la complejidad de la detección y la ruptura del silencio.
La forma simultánea de estos anuncios judiciales pone en relieve la violencia sexual como un problema nacional y estructural al mismo tiempo que muestra los esfuerzos del sistema penal por enfrentarlo. Sin embargo, la disparidad en las penas, que van de 10 a 25 años, y la diversidad de agresiones desde el abuso hasta la violación continuada plantean interrogantes sobre la necesidad de políticas de prevención más eficaces en todos los departamentos.