El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas afirma que el denominado caso ‘narcomaletas’ está bajo investigación de las instancias judiciales y fiscales, y ratifica que el Órgano Ejecutivo no interviene en procesos penales y que la ley debe aplicarse sin privilegios.
La exdiputada Laura Rojas y el juez Hebert Zeballos. Foto: Los Tiempos.
El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, afirmó este martes, mediante un comunicado institucional, que el denominado caso ‘narcomaletas’ está bajo tuición de la Justicia y del Ministerio Público; en ese sentido, ratificó que el Órgano Ejecutivo no ‘dirige ni conduce’ procesos penales, ‘no interfiere en procesos judiciales’ y que la ley debe aplicarse sin privilegios.
El Gobierno nacional recordó que los hechos vinculados en el caso en el que supuestamente están involucrados un juez anticorrupción de Santa Cruz y una exdiputada se encuentran bajo investigación de las instancias competentes del sistema de justicia, en el marco de la normativa vigente y con actuaciones coordinadas entre las instituciones del Estado. Así lo señala el comunicado oficial del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.
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“En estricto respeto a la exigencia de la separación de poderes, el Órgano Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, no juzga ni interfiere en procesos judiciales, garantizando el debido proceso”, señala parte del manifiesto de esa cartera de Estado; además, hace hincapié en que “los hechos vinculados al denominado ‘caso Maletas’ se encuentran bajo investigación de las instancias competentes del sistema de justicia, conforme a la normativa vigente y con actuaciones coordinadas entre las instituciones del Estado”.
El caso, que salió a la luz tras conocerse el presunto traslado de 31 maletas desde el exterior, involucra denuncias sobre un posible uso irregular de un pasaporte diplomático por parte de una exasambleísta y eventuales vínculos con actividades ilícitas. La dimensión del hecho, por el volumen del equipaje y las circunstancias del ingreso al país, encendió alertas sobre la probable relación de un juez y la también candidata a concejal con el narcotráfico.
Frente a este escenario, el Gobierno subrayó que el Órgano Ejecutivo no dirige ni conduce investigaciones penales, no juzga ni interfiere en procesos judiciales, en estricta observancia del principio de separación de poderes. Según el pronunciamiento oficial, esta postura busca garantizar el debido proceso y evitar cualquier tipo de injerencia política en las actuaciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
La Fiscalía de Santa Cruz pedirá la detención preventiva de Laura Rojas. Foto: El Deber
No obstante, el comunicado también aclara que existe un seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia, con la expectativa de un pleno esclarecimiento de los hechos y con la certeza de que la ley debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. Este punto cobra especial relevancia en un contexto de desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial y de reiteradas denuncias de protección política en casos de alto impacto.
“Asimismo, se realiza seguimiento institucional a las actuaciones de la Justicia, con la expectativa del pleno esclarecimiento de los hechos, en el marco de la ley y con la certeza de que esta se aplique sin privilegios ni excepciones”, añade el manifiesto institucional; para luego ratificar que “las actuaciones y determinaciones vinculadas a este caso serán comunicadas por las autoridades judiciales y fiscales, a través de los canales institucionales correspondientes”.
De esta manera, el Gobierno busca marcar distancia del manejo directo del caso, que está en manos de la justicia; asimismo, el pronunciamiento reafirma el compromiso con el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y la lucha contra cualquier forma de ilegalidad. “El Gobierno reafirma su compromiso con el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y la lucha contra cualquier forma de ilegalidad, sin excepciones”, finaliza el documento.