El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirma que el Ejecutivo conoció los indicios del caso en la primera semana de diciembre y ordenó investigar de inmediato. Queda también en el éter la pregunta si los casos de seguridad del Estado deben ser ventilados por los medios de comunicación.
eju.tv / Video: Min. Gobierno
Las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre el denominado caso ‘maletas’ abrieron un nuevo eje de debate no solo sobre cuándo se conocieron los primeros indicios, sino cómo deben actuar y coordinar los distintos órganos del Estado frente a investigaciones de alto impacto que involucran presunto narcotráfico y posibles redes de protección a hechos delictivos; además, si un asunto de seguridad del Estado debe ser ventilado de forma abierta pese al riesgo de contaminar una pesquisa.
Oviedo sostuvo que el Ministerio de Gobierno tuvo conocimiento del caso en la primera semana de diciembre de 2025 y que, de manera inmediata, instruyó a instancias de la Policía Boliviana, sobre todo a unidades de inteligencia y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a iniciar las investigaciones. “El Ministerio de Gobierno recibió esta información la primera semana del mes de diciembre; producto de eso se instruyó a los organismos dependientes de la Policía para que empiecen a realizar las investigaciones correspondientes”, declaró.
La autoridad explicó que el manejo discreto del tema respondió a una ‘reserva institucional responsable’, orientada a no interferir en las diligencias del Ministerio Público ni vulnerar la independencia de la investigación. “Se ha respetado la independencia del Ministerio Público y no se ha protegido ni encubierto a persona alguna”, aseguró, al rechazar versiones que señalan supuestos intentos de ocultamiento o de protección de algunos de los involucrados en el caso que provocó consternación en el país.
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Momento en que ingresan las maletas al aeropuerto de Viru Viru. Foto: RRSS
“El Ministerio de Gobierno aclara que, desde que tomó conocimiento del caso, ha mantenido una reserva institucional responsable, con el único objetivo de no interferir en las investigaciones preliminares, respetando la independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial, sin proteger ni encubrir a persona alguna. Como resultado de las actuaciones en curso, existen personas aprendidas, entre ellas un juez y una exdiputada nacional, y funcionarios de la Aduana Nacional que se encuentran bajo investigación en el marco de procedimientos que establece la normativa vigente”, puntualizó en un manifiesto.
Más allá de la defensa oficial, el caso instala un debate sobre las competencias específicas de cada institución. En el diseño constitucional boliviano, el Ejecutivo dirige a la Policía y puede instruir acciones investigativas preliminares; la Fiscalía es la titular de la acción penal pública; y el Órgano Judicial controla la legalidad del proceso y emite resoluciones. La tensión surge cuando estas atribuciones se superponen sin una comunicación clara.
El analista Manuel Mercado indica que, más allá de la responsabilidad que establezca la investigación, se debe analizar cuáles son las condiciones de intervención efectiva del Estado boliviano para evitar este tipo de hechos. Para el experto, la gravedad del caso no radica únicamente en la presunta carga ilegal, sino en la presencia del control estatal en estos hechos, que pueden dar la sensación de vulnerabilidad institucional.
El ministro de Gobierno en conferencia de prensa. Foto: Red Uno
El titular de Gobierno tiene un análisis parecido. Oviedo afirmó que la falta de control que se evidenció en el caso de las maletas que ingresaron al país por el aeropuerto de Viru Viru alcanza a niveles superiores, que supuestamente encubrieron las irregularidades. “No son los encargados de escáner los responsables de esto, son responsables, son operadores de una omisión, de un delito delicado, pero no lo han hecho solos”, señaló la autoridad.
Desde el análisis político, el exsenador y analista Ricardo Paz advirtió que la reserva prolongada, sin información mínima, genera sospechas. “La transparencia y enfrentar las cosas siempre rinde más que la opacidad. Se puede guardar información sensible, pero no se puede guardar silencio absoluto”, afirmó. La información brindada por Oviedo muestra, sin embargo, que el caso debía ser tratado meticulosamente y de manera muy prolija, ello supone, en ‘una reserva institucional responsable’, tal cual manifestó la pasada jornada.
En la misma línea, Mercado consideró que el caso pone en evidencia “fallas estructurales del Estado”, particularmente en los sistemas de control aeroportuario, aduanero y judicial. A su criterio, la investigación debe apuntar no solo a responsabilidades individuales, sino a posibles redes. “Nada entra así sin complicidades”, remarcó. “Hay niveles superiores que han tenido que tener un tipo de responsabilidad, esperemos a decir cuál es el nivel que ha tomado la decisión de encubrir y cometer este tipo de delitos”, dijo Oviedo.
Laura Rojas y supuestamente Gabriel Juliano Leoni en Viru Viru. Foto: El Deber
El avance de las pesquisas, con aprehensiones, allanamientos y la vinculación de una autoridad judicial y una exdiputada, confirmó que el caso tiene una dimensión estructural. No se trata únicamente de determinar quién transportó las maletas, sino de establecer por qué los controles fallaron y qué responsabilidades corresponden a cada nivel institucional. “El Gobierno del Estado realiza un seguimiento institucional del curso de las investigaciones, reafirmando que no se encubrirá ni se protegerá a ninguna persona, y que toda responsabilidad será determinada y sancionada por la justicia sin privilegios ni excepciones”, dijo al respecto el ministro de Gobierno.
Las declaraciones de Oviedo trasladan el foco desde la polémica política hacia un desafío mayor que pasa por fortalecer los mecanismos de coordinación entre Ejecutivo, Fiscalía y Justicia, pero que garantice al mismo tiempo independencia y control. La respuesta que den las instituciones en las próximas semanas no solo definirá el destino judicial del caso, sino también el nivel de confianza ciudadana en la capacidad del Estado para enfrentar las redes criminales.