Autoridades bolivianas y representantes europeos coincidieron en que la cooperación internacional, instituciones fuertes y una política antidrogas integral son pilares clave para reducir el poder de las organizaciones criminales y proteger la estabilidad democrática.
Las autoridades de Gobierno con representantes de la Unión Europea. Foto. Min Gobierno.
En el marco del Dialogo Político entre la Unión Europea y Bolivia, el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, participaron en el panel sobre justicia, seguridad y lucha contra el crimen organizado, reafirmando el compromiso del Estado boliviano con una política integral y coordinada frente a las amenazas del narcotráfico transnacional.
En sus palabras de apertura, el Ministro de Gobierno destacó la necesidad de contar con fuerzas de seguridad eficaces, profesionales e integras, subrayando que la lucha contra el crimen organizado requiere instituciones sólidas, respeto al Estado de Derecho y una acción firme del Estado para proteger a la ciudadanía y preservar la estabilidad democrática. Asimismo, remarcó que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión legitima y la confianza institucional.
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Por su parte, el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas presentó los lineamientos de la Política Antidrogas 2026-2030, concebida como una política de Estado de largo plazo, orientada a enfrentar de manera estructural el narcotráfico y sus delitos conexos. Señaló que el principal desafío actual no es únicamente la droga, sino la articulación del narcotráfico con economías criminales como el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y el control territorial, lo que exige respuestas integrales y coordinadas.
Panel sobre justicia, seguridad y lucha contra el crimen organizado. Foto: Min. Gobierno
La nueva política prioriza una interdicción selectiva e inteligente, enfocada en la desarticulación de organizaciones criminales y el golpe a las finanzas ilícitas; el control de cultivos ilegales con enfoque de derechos humanos; la prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública; y el desarrollo alternativo como pilar para cerrar el ciclo de las economías ilícitas.
Asimismo, se enfatizó que ninguna política antidrogas es sostenible sin instituciones fuertes, por lo que se incorpora como eje central el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la integridad institucional y el fortalecimiento del sistema judicial, con énfasis en la reducción de la impunidad y en decisiones basadas en evidencia.
En el ámbito internacional, Bolivia reafirmó su apertura plena a la cooperación regional, europea y global, bajo el principio de responsabilidad común y compartida, y expresó su agradecimiento a la Unión Europea por el acompañamiento sostenido y la cooperación técnica brindada en materia de justicia, seguridad y lucha contra las drogas. Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que más Estado y mayor cooperación internacional son claves para reducir el espacio de acción del crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional, regional e internacional