El conflicto estalló luego de que el propio Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconociera que se comercializó gasolina de mala calidad en algunas regiones del país. Ante esta admisión oficial, los sectores afectados, principalmente transportistas, comenzaron a exigir un resarcimiento económico por los daños causados a sus unidades.
eju.tv / Video: Gigavisión
El jefe de Bancada de la alianza Libre, Rafael López, acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de vender combustible «más caro, sin subvención». Esta denuncia, que expone una aparente contradicción entre el discurso oficialista de mejor gestión y la realidad del suministro, culminó con la ratificación de una propuesta para crear una comisión legislativa especial que identifique a los responsables de los daños ocasionados a transportistas y ciudadanos.
«Este gobierno está peor que el Movimiento Al Socialismo. Estaba subvencionado, el combustible estaba malo, pero no estaba como este combustible que está peor, pero por lo menos el anterior estaba subvencionado, este ni siquiera está subvencionado, no lo pagamos nosotros, pagamos al costo real y nos están vendiendo basura», manifestó López, cuestionó quién asumirá los costos de reparación de los vehículos afectados y concluyó que la única vía para esclarecer la verdad es una comisión investigadora.
A esta crítica se sumó su compañero de bancada, Edgar Zegarra, quien demandó un informe oral al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y fue más contundente en sus declaraciones.
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«No es admisible, nos están engañando y nos están robando y además de eso nos están estafando. Para eso quiero que venga a dar explicación el ministro de Hidrocarburos. Son machos para hablar, se sienten omnipotentes ahí y lo que pasa no ven lo que el pueblo está pasando, el ciudadano de a pie con estos perjuicios, esa es la realidad», afirmó Zegarra.
La denuncia de Zegarra trasciende lo técnico para apuntar a una continuidad política que afecta la actual gestión de Gobierno. «Esa gente que ha hecho corrupción, esos masistas que siguen en el poder, o es que hay algo oculto o un matrimonio entre el MAS y este Gobierno», denunció, Zegarra y pidió al presidente Paz que retire de su gobierno a los funcionarios que fueron parte de la gestión de Luis Arce.
El conflicto estalló luego de que el propio Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconociera que se comercializó gasolina de mala calidad en algunas regiones del país. Ante esta admisión oficial, los sectores afectados, principalmente transportistas, comenzaron a exigir un resarcimiento económico por los daños causados a sus unidades.
A menos de dos meses de la eliminación total del subsidio estatal a los combustibles, la participación del sector privado en el abastecimiento ya alcanza cerca del 4% del requerimiento total del país. Este dato marca un cambio relevante en el histórico monopolio de YPFB sobre la distribución.
Asimismo, tras el fin de la subvención, los precios vigentes reflejan el costo real en el que la gasolina Especial se comercializa a Bs 6.96 por litro; el diésel a Bs 9.80; y la premium a Bs 11.00. El Gobierno argumenta que esta política genera señales claras para la inversión privada y racionaliza el mercado, aunque para la oposición y los usuarios, la transición se está haciendo a costa de la calidad del producto y del bolsillo ciudadano.
La propuesta de crear una comisión legislativa especial buscará, según Libre, destapar las responsabilidades administrativas y políticas tras lo que califican como una «estafa» al consumidor. Las demandas revelan tensiones de un cambio de modelo que, en la práctica, enfrenta serias dificultades técnicas y de percepción pública.