La diputada del PDC asegura que sus funcionarios no realizan ningún tipo de aporte económico tras cobrar su sueldo, la aclaración surge en medio de denuncias recurrentes sobre presuntos ‘diezmos’ dentro de la ALP.
eju.tv / Video: Gigavisión
La diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano, negó de manera categórica que en su entorno se realicen cobros irregulares a funcionarios y refirió que, por el contrario, algunos funcionarios incluso le consultaron explícitamente si no les iba ‘a pedir nada’ luego de recibir su salario, en alusión a supuestas exigencias económicas que, según versiones previas, algunos legisladores realizarían a su personal.
La legisladora sostuvo que no puede avalar ni encubrir este tipo de prácticas y afirmó que, de existir denuncias formales, será la primera en exigir que se investiguen. “No puedo caer en esos abusos”, señaló, al remarcar que cualquier conducta de esa naturaleza debe ser sancionada conforme a ley.
“Muchos de mis funcionarios que estaban trabajando allá venían con su celular y me mostraban. ‘He cobrado el sueldo, diputada’, me decían; yo les miraba y les decía: ‘¿cuál el tema?’. ‘¿No me va a pedir nada?’, me lo han dicho. En Navidad, los funcionarios que aún seguían me decían que les pedían juguetes, una cosa, otra cosa. Pueden preguntar a la Brigada si alguna vez esta diputada ha hecho eso”, refirió la asambleísta del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
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Las declaraciones de Bilbao se producen ante la circulación de denuncias sobre presuntos ‘diezmos’ o aportes forzados que algunos funcionarios entregaban a legisladores como condición para mantener sus cargos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), práctica que, al parecer, era común en la anterior legislatura. Pero, si bien las acusaciones son recurrentes desde hace años e incluso fueron replicadas en los medios de comunicación, pero pocas llegaron a instancias formales y casi ninguna derivó en sanciones concretas.
La diputada Claudia Bilbao rechaza supuestos cobros a los funcionarios de la ALP: Foto: BTV
“Yo pienso, (hay) salarios de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil, porque no hay nada más tampoco; entonces, cómo podemos ser sinvergüenzas las autoridades de pedir (un diezmo) a una persona que gana 4 mil bolivianos, 5 mil bolivianos”. Diversos sectores de la sociedad civil y analistas consideran que la persistencia de estas denuncias evidencia vacíos en los mecanismos de control interno del Órgano Legislativo, así como una cultura de impunidad que permite que este tipo de prácticas se mantengan en la informalidad.
En anteriores gestiones, se anunciaron auditorías y procesos internos para transparentar la relación laboral entre parlamentarios y funcionarios, pero los resultados fueron limitados; en consecuencia, Bilbao afirmó que, si existe una acusación formal, actuará de manera inmediata. “Si hay una denuncia seria voy a ser la primera en pararme, porque yo he visto a los funcionarios pasar temblando y mostrando su celular para decirme ‘he cobrado’.¿Con sueldo de 4 mil bolivianos?”, reclamó.
Bilbao enfatizó que en su despacho no se exige ningún tipo de aporte económico y que la relación con su personal se rige por criterios de respeto y legalidad. Sin embargo, admitió que las versiones que circulan sobre cobros irregulares deben ser investigadas, ya que afectan la credibilidad del Parlamento y alimentan la percepción ciudadana de que existen redes de abuso de poder al interior de la institución.
El tema vuelve a colocar bajo escrutinio a la Asamblea Legislativa, una de las instituciones con mayor desgaste de imagen ante la opinión pública. Para analistas y políticos, la clave está en que las denuncias no se queden en el plano mediático y se traduzcan en procesos administrativos y penales, con protección efectiva a denunciantes y testigos. De lo contrario, advierten, el problema continuará sin consecuencias reales.
En ese sentido, la diputada del PDC refirió que cualquier funcionario que se sienta presionado debe acudir a las instancias correspondientes y presentar una denuncia formal. En consecuencia, reiteró que está dispuesta a coadyuvar en investigaciones que permitan esclarecer si existen o no cobros irregulares dentro de las brigadas parlamentarias u otros despachos.