Trás una reunión entre autoridades de Bolivia, Chile y España, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, confirmó que existen otros cargamentos de madera boliviana bajo análisis por sospecha de contener droga impregnada. Este hallazgo no sería aislado, sino parte de la investigación ‘Foco Puertos’, que busca desarticular el tráfico de drogas a través de terminales marítimos, lo que evidencia una sofisticada e «invisible» modalidad del narcotráfico que burla los controles tradicionales.
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Dos funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) se presentaron este jueves ante el fiscal de Sustancias Controladas para prestar su declaración como testigos, en el marco de la investigación por el cargamento de madera impregnada con 700 kilos de cocaína incautado en el puerto chileno de Arica con destino a España.
«Esto pasó el 29 de septiembre, fue la solicitud de la empresa para poder obtener el permiso y el precintado del contenedor. Nosotros el 30 de septiembre, la institución mandó a ese precintado en el cual nosotros únicamente inspeccionamos que la documentación sea correcta y vemos la cuestión de los vectores por una cuestión de vigilancia sanitaria, fitosanitaria», dijo el jefe departamental del SENASAG en Santa Cruz, Facundo Altamirano, quien asumió el cargo tres meses después de los hechos, el 5 de diciembre, y aseguró la colaboración plena de la entidad con la justicia.
Las declaraciones de los funcionarios se produjeron tras el allanamiento realizado por la Fiscalía y la Policía a las oficinas que la institución posee dentro de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX). El directivo se refirió al operativo y aclaró una «falta de comunicación» inicial.
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Asimismo, la autoridad confirmó que en ese espacio el SENASAG entrega documentación a los exportadores y que fue allí donde la Fiscalía y la Policía realizaron el procedimiento en el que recibieron toda la información que requirieron de parte de la institución para continuar con el proceso investigativo.
Altamirano detalló las limitaciones de la inspección que realiza su organismo, fundamentales para entender el caso. Explicó que, al tratarse de madera terminada, el SENASAG no realiza una inspección física del contenido ni procede a su fumigación, ya que este tipo de producto no lo requiere.
«Lo que nosotros hacemos es la adquisición de la documentación. Si la documentación está correcta, solamente se hace una inspección visual, pero solamente por una cuestión fitosanitaria, para ver que no haya vectores, que no haya plagas, que no haya insectos. Pero nosotros no manipulamos la madera que hay en el contenido. No es tuición nuestra», precisó el jefe departamental.
Respecto al alcance de la investigación interna, Altamirano remitió los detalles a la Fiscalía, pero confirmó que los dos funcionarios que declararon son precisamente quienes estuvieron a cargo de precintar el contenedor y emitir el certificado fitosanitario que autorizó la exportación del cargamento ahora bajo la lupa del narcotráfico internacional.
En un desarrollo de mayor gravedad penal, semanas atrás la Justicia cruceña dispuso la detención preventiva por seis meses en Palmasola para la representante legal de la empresa exportadora involucrada. El fiscal Julio César Porras la imputó por tráfico de sustancias controladas, confabulación y organización criminal, tras establecer que tenía «pleno conocimiento» del contenido ilícito del cargamento que su empresa enviaba.
Por último, días atrás una reunión entre autoridades de Bolivia, Chile y España, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, confirmó que existen otros cargamentos de madera boliviana bajo análisis por sospecha de contener droga impregnada. Este hallazgo no sería aislado, sino parte de la investigación ‘Foco Puertos’, que busca desarticular el tráfico de drogas a través de terminales marítimos, lo que evidencia una sofisticada e «invisible» modalidad del narcotráfico que burla los controles tradicionales.