En ese contexto, señala que tomó en cuenta los reclamos expresados por las familias de los efectivos que se encuentran bajo detención preventiva en el marco de estos procesos, los cuales, según cita, se tramitan dentro de la jurisdicción ordinaria y deben regirse por el respeto pleno al Estado de Derecho.
El Ministerio de Defensa instó este viernes a las autoridades judiciales a cumplir estrictamente los plazos y garantías del debido proceso en los casos vinculados al presunto golpe de Estado del 26 de junio de 2024, tras las denuncias de familiares de militares detenidos que advierten una vulneración al derecho a la educación de sus hijos.
«El Ministerio de Defensa considera fundamental instar a las autoridades judiciales competentes a cumplir estrictamente los plazos establecidos por ley, conforme a las exigencias y garantías que rigen el proceso judicial, en resguardo de la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho», señala un comunicado de la cartera de Estado.
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En ese contexto, señala que tomó en cuenta los reclamos expresados por las familias de los efectivos que se encuentran bajo detención preventiva en el marco de estos procesos, los cuales, según cita, se tramitan dentro de la jurisdicción ordinaria y deben regirse por el respeto pleno al Estado de Derecho.
El Ministerio señala que, debido a la interdependencia de derechos, las medidas judiciales adoptadas contra los militares investigados pueden generar impactos involuntarios en terceras personas, particularmente en niños y niñas, quienes habrían visto afectados derechos fundamentales, es caso del acceso a la educación.
«Resulta complejo deslindar determinados hechos, debido a la interdependencia de derechos que, de manera involuntaria, pueden verse afectados y generar consecuencias sobre terceras personas, como ocurre con hijos e hijas de algunos de los militares detenidos preventivamente, quienes han visto afectados algunos de sus derechos», afirma el pronunciamiento.
Las declaraciones surgen luego de que esposas de militares procesados por el supuesto intento de golpe denunciaron públicamente represalias administrativas que estarían afectando a sus hijos en unidades educativas del Ejército. Entre las principales quejas figuran la negativa de inscripción escolar, la suspensión de becas y la retención de salarios de los efectivos, lo que ha deteriorado la situación económica de las familias, según el reporte de Radio Fides.