Si se cumple la meta, el ciudadano promedio experimentará un cambio tangible en las gestiones que antes consumían horas o días de trámites presenciales que podrán resolverse en minutos desde cualquier lugar con conexión a internet.
eju.tv / Video: Bolivia Tv
¿Será el fin de la burocracia estatal? Con el objetivo de terminar con las largas filas y las incontables fotocopias requeridas para cualquier gestión, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) ha establecido una meta concreta para 2026, mediante la digitalización más de 600 trámites. Esta cifra representa aproximadamente el 22% de todos los procedimientos administrativos que ofrece el Estado, lo que marca un punto de inflexión hacia una administración pública más ágil y menos burocrática.
El anuncio responde a una experiencia cotidiana y frustrante para millones de bolivianos que, además de sufrir las largas filas, tienen que fotocopiar varias veces hojas para realizar trámites o llegar a ventanilla y escuchar la frase: “vaya por unas fotocopias y retorne». La digitalización de este porcentaje de servicios busca precisamente sustituir esa lógica del papel y la espera física por procesos en línea.
La transformación se sustenta en la puesta en marcha de una herramienta clave. La idea central es que, al utilizar el carnet de identidad digital, los ciudadanos puedan acceder a servicios estatales desde cualquier computadora o teléfono celular. Esto incluirá desde el registro en la ciudadanía digital hasta la consulta de información personalizada sobre documentos y el estado de sus trámites, sin necesidad de desplazarse o portar carpetas de documentos físicos.
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Este impulso a la digitalización forma parte de un proceso gubernamental más amplio, consolidado recientemente con el primer Decreto Supremo firmado por el presidente Rodrigo Paz desde el exterior, un acto que confirió plena validez jurídica a este mecanismo.
Tras ese hito, el Gobierno anuncia pasos más ambiciosos, como la digitalización integral de normas, el uso obligatorio de expedientes electrónicos, la interoperabilidad entre instituciones y la adopción masiva de la identidad digital.
Si se cumple la meta, el ciudadano promedio experimentará un cambio tangible en las gestiones que antes consumían horas o días de trámites presenciales que podrán resolverse en minutos desde cualquier lugar con conexión a internet.
El éxito de esta iniciativa dependerá de su implementación efectiva y de la capacitación tanto de funcionarios como de usuarios para navegar el nuevo ecosistema digital del Estado.