El dirigente llevó la crítica más allá y sugirió una priorización de las agendas económica y financiera que margina su causa y prioriza a “la empresa privada” en desmedro de las víctimas de Senkata y Sacaba.
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A tres meses del inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz, el representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba (2019) lanzó una crítica frontal al Gobierno al que acusó de no atender sus demandas de justicia. En contraste, denuncian que la administración actual sí ha mostrado avances en lo que califican como «impunidad» a favor de la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros por lo que exigen una «ecuanimidad» en el tratamiento de estos casos.
«En los tres meses de gobierno, el señor Paz junto con sus ministros no están atendiendo a las víctimas de Senkata y Sacaba. Seguramente están haciendo temas relacionados a lo económico, a lo social, que se lo ve, se lo siente, pero al mismo tiempo en el tema de justicia, que tienen una obligación con el alto comisionado, con la CIDH, no lo están cumpliendo», enfatizó el representante de las víctimas, David Inca, que responsabilizó al Ejecutivo por incumplir compromisos internacionales.
Inca contrastó esta inacción con lo que percibe como un trato favorable hacia los acusados por los hechos de 2019, Áñez y sus exministros, por lo que exigió “cierta ecuanimidad» porque la justicia, según Inca, estaría beneficiando a un sector político mientras deja en el olvido a las víctimas.
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Desde la perspectiva de los afectados, la negligencia estatal es evidente en varios frentes. «Lo que podríamos decir desde la visión de Derechos Humanos, desde las víctimas de Senkata y Sacaba, no están atendiendo a las víctimas, no están viendo el tema de la reparación integral, no quieren tratar la ley que se ha aprobado a favor de las víctimas y en este sentido estamos viendo esa parte de negligencia por parte de ellos en contra de las víctimas», aseguró Inca. Esta queja apunta directamente a la falta de implementación de la Ley de Reparación Integral aprobada en 2025 por el entonces Gobierno de Luis Arce.
El dirigente llevó la crítica más allá y sugirió una priorización de las agendas económica y financiera que margina su causa y prioriza a “la empresa privada” en desmedro de las víctimas de Senkata y Sacaba.
Días atrás, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Marcelo Soliz, aclaró que la reglamentación de la Ley 1686 de Reparación Integral es una atribución exclusiva del Gobierno, por lo que cualquier avance efectivo depende de su voluntad política. La norma, promulgada por Luis Arce en noviembre de 2025, tiene vigencia inmediata, pero sin su reglamentación operativa, las medidas de reparación para las víctimas de estos hechos emblemáticos de 2019 no pueden ejecutarse y mantienen en vilo a quienes reclaman justicia.