Según el reporte de Régimen Penitenciario, se tomó contacto directo con la privada de libertad, constatando que se encuentra desarrollando sus actividades con normalidad e incluso compartía el almuerzo con su visita al momento de la verificación.
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola, en Santa Cruz, y aseguró que la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales es «totalmente falsa».
A través de un comunicado oficial, la Dirección General de Régimen Penitenciario informó que Rojas «no inició ninguna huelga de hambre» y precisó que, tras conocerse la versión, personal de seguridad penitenciaria realizó una verificación en el pabellón femenino PC-2, donde la exlegisladora guarda detención preventiva.
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Según el reporte institucional, se tomó contacto directo con la privada de libertad, constatando que se encuentra desarrollando sus actividades con normalidad e incluso compartía el almuerzo con su visita al momento de la verificación.
«Ante la difusión de dicha versión, personal de seguridad penitenciaria realizó la verificación correspondiente en el pabellón femenino PC-2, tomando contacto directo con la privada de libertad mencionada, constatando que la misma se encuentra desarrollando sus actividades con total normalidad e incluso compartiendo el almuerzo con su visita al momento de la verificación», señala un comunicado de la cartera de Estado.
El pronunciamiento surge luego de que se difundiera en medios de prensa que Rojas habría iniciado una medida extrema desde las primeras horas del martes 10 de febrero, bajo el lema «Todos contra una».
Rojas permanece recluida en el pabellón femenino de Palmasola desde el 28 de enero pasado, por determinación judicial, tras ser aprehendida el 26 de enero en el marco del denominado caso «maletas». La investigación se inició luego de que la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detectaron que el 29 de noviembre de 2025 la exdiputada habría contratado un avión privado en Estados Unidos para trasladarse desde Los Ángeles hasta Santa Cruz, junto a un ciudadano uruguayo, transportando 32 maletas que presuntamente contenían divisas.