Asimismo, Barral cuestionó el silencio de líderes políticos en torno a estos casos y advirtió que persisten redes de protección que favorecen la impunidad. En esa línea, señaló que las personas implicadas deberán asumir responsabilidades y transparentar quiénes se beneficiaron de presuntas recaudaciones.
eju.tv / Video: Gigavisión
El exdiputado Amílcar Barral afirmó este martes que el Ministerio Público debe emitir alertas migratorias para más de 200 exautoridades que ejercieron funciones tanto durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como en la gestión de Jeanine Áñez, con el objetivo de garantizar las investigaciones en curso por presuntos hechos de corrupción y dar con los principales responsables de daños al Estado.
«A Dorgathen (Expresidente de YPFB) lo ha visto todo el mundo, menos la justicia boliviana. Los están dejando escapar. Más allá de que se haya aprobado una ley que impide salir del país, todavía no se han emitido alertas migratorias desde el Ministerio Público. Es decir, es una ley que no se está aplicando.
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Barral cuestionó que, pese a la vigencia de normas que impiden la salida del país a exautoridades mientras se realizan procesos de entrega de informes y rendición de cuentas, no se hayan activado controles migratorios efectivos. En ese contexto, lamentó que haya sido la población la que reportó la presunta estadía de Dorgathen en Brasil y no la justicia boliviana, lo que, dijo, evidencia una falta de acciones oportunas por parte de la Fiscalía.
«El país ve cómo algunos exfuncionarios salen sin ningún control, mientras las investigaciones no avanzan contra los principales responsables. Se termina persiguiendo a actores menores, pero no a quienes tomaron las decisiones que dañaron al Estado», sostuvo.
Asimismo, Barral cuestionó el silencio de líderes políticos en torno a estos casos y advirtió que persisten redes de protección que favorecen la impunidad. En esa línea, señaló que las personas implicadas deberán asumir responsabilidades y transparentar quiénes se beneficiaron de presuntas recaudaciones y construcciones irregulares.
Antecedentes
En días pasados, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1709, que modifica la Ley 1352 y amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de las autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, una vez que hayan cesado o sido destituidas de sus cargos.
La norma tiene como finalidad garantizar la rendición de informes requeridos por las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y la protección de los intereses del Estado. En ese marco, Barral insistió en que la aplicación efectiva de alertas migratorias es clave para evitar la fuga de investigados y asegurar que los procesos por corrupción lleguen hasta los principales responsables.