La justicia determinó este miércoles la detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, para la exgerenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, en el marco de una investigación por presuntos delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes. La exejecutiva compareció desde el mediodía en audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitó su reclusión preventiva mientras avanzan las indagaciones por supuestos hechos de corrupción al interior de la estatal petrolera y por el caso Botrading.
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Tras conocerse la determinación judicial, Delgadillo rechazó la decisión y aseguró que el fallo responde a motivaciones ajenas al ámbito jurídico. «No hay prueba que valga. Mi actuar siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas. Es injusta, política», afirmó a la salida de la audiencia. Consultada sobre por qué considera que la resolución tiene un trasfondo político, respondió: «No tengo nada más que decir, simplemente que voy a asumir mi defensa».
Delgadillo, quien ocupó la Gerencia de Productos Industrializados y Derivados de la petrolera estatal, fue aprehendida el lunes 16 de febrero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por efectivos del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en el marco de una investigación abierta por presuntas irregularidades que fueron detectadas en la empresa estatal de Hidrocarburos durante la gestión de Armin Dorgathen.
En esa misma fecha, el fiscal Daniel Ortuño adelantó que se le atribuyen los delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes, luego de que la exejecutiva optara por abstenerse de declarar ante los fiscales que encabezan la investigación. El caso adquiere mayor relevancia por los antecedentes que vinculan a Delgadillo con el denominado caso Botrading, una investigación que tiene que ver por presuntas irregularidades en la intermediación para la importación y comercialización de carburantes. Durante su gestión, la exgerente habría firmado documentos y participado en decisiones administrativas relacionadas con contratos y operaciones observadas por instancias de control y sectores del transporte, que denunciaron perjuicios económicos para el Estado.