Desde la administración, el gerente de la empresa estatal, Mario Felipez, explicó que, más allá de la comisión conformada por los trabajadores, la gerencia activó su propio proceso de investigación. A pocas semanas de asumir el cargo, informó que solicitó formalmente una auditoría específica sobre los ingresos recientes, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades y establecer responsabilidades.
Fuente: ANF / La Paz
Mientras avanzan investigaciones sindicales y administrativas por la presunta compra y venta de puestos de trabajo en la Empresa Minera Huanuni (EMH), la gerencia decidió congelar todas las nuevas contrataciones y poner bajo observación a al menos 51 trabajadores cuyo ingreso es objeto de cuestionamiento.
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Tanto Daniel Jarro, dirigente de los desocupados de Huanuni, como el gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Felipez, coincidieron en que las denuncias son graves y deben esclarecerse, aunque cada uno encara el problema desde frentes distintos: el primero desde la fiscalización sindical y la presión social, y el segundo desde una auditoría técnica y medidas administrativas inmediatas.
Daniel Jarro aseguró que el tema ya no es solo un reclamo de los desocupados, sino un asunto que está siendo abordado tanto por las bases trabajadoras como por instancias del Estado. Según explicó, se conformó una comisión de investigación integrada por trabajadores, encargada de encaminar las indagaciones sobre presuntos cobros irregulares para acceder a un ítem laboral en la estatal minera.
“El problema no se limita a una sola gestión”, afirmó Jarro, al señalar que la investigación alcanza tanto al actual como al anterior sindicato. En ese marco, denunció que se habrían cobrado sumas que oscilan entre 20.000 y 30.000 dólares para permitir el ingreso a la planilla, montos que calificó como inaceptables en un distrito donde cientos de jóvenes y excooperativistas siguen sin empleo.
Jarro sostuvo que incluso tomó contacto con la Vicepresidencia del Estado para alertar sobre la situación y exigir que no se avalen este tipo de prácticas. “Debe respetarse el Decreto Supremo 28901, que prioriza una fuente laboral para excooperativistas y jóvenes locales, no para quienes pagan por entrar”, remarcó en contacto con ANF, al advertir que la venta de cargos profundiza la exclusión y el conflicto social en Huanuni.
Desde la administración, el gerente Mario Felipez explicó que, más allá de la comisión conformada por los trabajadores, la gerencia activó su propio proceso de investigación. A pocas semanas de asumir el cargo, informó que solicitó formalmente una auditoría específica sobre los ingresos recientes, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades y establecer responsabilidades.
Como medida preventiva, Felipez anunció la paralización total de nuevas contrataciones. “No hay ingresos, no hay nada por el momento”, enfatizó en contacto con ANF, dejando en claro que la empresa no incorporará nuevo personal hasta que se aclare la situación.
El gerente precisó que el grupo bajo observación está compuesto por aproximadamente 51 trabajadores que habrían ingresado el último día del mes anterior. Aclaró que estos casos no deben confundirse con otros movimientos de personal registrados durante 2025, que correspondieron a reemplazos legales por enfermedad de familiares, amparados por la normativa vigente.
Felipez manifestó que su prioridad es garantizar transparencia y certidumbre. En ese sentido, adelantó que espera contar con datos más precisos en un plazo aproximado de diez días, para informar de manera oficial sobre los resultados preliminares de la auditoría.
Antecedentes de las denuncias
Las acusaciones sobre venta de puestos de trabajo surgieron en el contexto de protestas y movilizaciones de desempleados locales, quienes denunciaron que cargos en la EMH estarían siendo ofrecidos a personas foráneas a cambio de dinero, al margen de los procesos formales de selección.
Según los denunciantes, esta práctica habría favorecido el ingreso de terceros no residentes del distrito minero, mientras los habitantes de Huanuni permanecen sin empleo.
Aunque en las denuncias públicas no se mencionaron nombres concretos, Jarro vinculó el presunto fenómeno a contrataciones realizadas durante la gestión del exgerente Fernando Paillo, un extremo que —según el sindicato— también será investigado. Los protestantes incluso hablaron de hasta 500 ingresos irregulares en gestiones pasadas, una cifra que aún no cuenta con confirmación oficial.
Desde el ámbito sindical, hubo posturas divergentes. El dirigente de la Central Obrera Boliviana y trabajador de Huanuni, Mario Argollo, negó que actualmente se estén produciendo nuevas contrataciones y sostuvo que, por el contrario, la planilla se redujo en los últimos años debido a jubilaciones y retiros voluntarios. Sin embargo, incluso desde el sindicalismo se anunciaron auditorías para esclarecer si hubo ingresos irregulares, especialmente en la gestión anterior.
A nivel institucional, la Corporación Minera de Bolivia ya había iniciado en marzo de 2024 una investigación por presunta corrupción administrativa en la EMH, tras denuncias sindicales que apuntaron al entonces gerente Fernando Hernán Paillo Aguilar. Aunque ese proceso generó movilizaciones y pedidos de destitución, hasta la fecha no se difundieron informes finales ni sanciones públicas.
Las denuncias por venta de cargos se suman a un historial complejo en Huanuni, marcado también por casos de robo de minerales o “juqueo”. En 2018, al menos 30 trabajadores fueron aprehendidos por su presunta implicación en la salida ilegal de estaño.
Años después, en 2023, un proceso judicial concluyó con condenas de hasta ocho años de cárcel para 44 personas por robo agravado de mineral en el cerro Posokoni, evidenciando la persistencia de prácticas ilícitas que afectan a la empresa.
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