Bolivia alcanzó niveles de esclarecimiento “altamente significativos” en delitos contra la vida. Estos resultados son producto de una estrategia institucional que prioriza la atención a poblaciones vulnerables y la lucha contra la violencia de género, apoyada en la especialización de equipos fiscales y el uso de tecnología.
Fuente: ANF / La Paz
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que durante la gestión 2025 Bolivia alcanzó niveles de esclarecimiento “altamente significativos” en delitos contra la vida, al registrar cerca del 99% de casos de feminicidio con responsables identificados y un 85% en infanticidios. Los datos fueron presentados en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2025 de la Fiscalía General del Estado.
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Según explicó la autoridad, estos resultados son producto de una estrategia institucional que prioriza la atención a poblaciones vulnerables y la lucha contra la violencia de género, apoyada en la especialización de equipos fiscales y el uso de tecnología.
La persecución penal de feminicidios e infanticidios se concentró en la Fiscalía Superior de Vida y Personas, con equipos multidisciplinarios que actúan en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho para preservar la escena y recolectar pruebas clave.
Mariaca destacó la coordinación técnica con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), lo que permitió fortalecer los procesos investigativos y alcanzar sentencias condenatorias. “La respuesta temprana y especializada marca la diferencia en este tipo de delitos”, sostuvo.
En materia de violencia de género, el Fiscal General señaló que este ámbito concentra la mayor carga procesal del país, con 83.916 casos activos. No obstante, durante 2025 se logró cerrar 49.420 procesos, superando incluso el número de nuevos ingresos registrados en el mismo periodo (47.734), lo que evidencia —según dijo— una mejora en la capacidad de resolución del sistema fiscal.
Entre las innovaciones implementadas, resaltó el uso de inteligencia artificial denominada “Iris”, integrada al ecosistema informático Roma, que permite analizar denuncias y detectar niveles de riesgo en casos de violencia.
Asimismo, se impulsó la elevación a rango de ley departamental de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAY) en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con el fin de garantizar la obligatoriedad en la atención a las víctimas.
La gestión también reportó avances en violencia sexual y delitos digitales, con la creación de la unidad MASNA y la promulgación de la Ley 1636, que tipifica nuevos delitos vinculados al abuso sexual en entornos digitales, incluso aquellos generados con inteligencia artificial. En su primer año, MASNA abrió 38 casos y logró 19 sentencias condenatorias.
Finalmente, Mariaca informó que, de manera transversal, la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos emitió 1.126 resoluciones de medidas de protección y brindó asistencia integral en 8.625 casos, reafirmando —dijo— el compromiso institucional con la defensa de los sectores más vulnerables.