El ministro Lupo salió al frente de las críticas y defendió la medida como un ajuste administrativo necesario ante el «crecimiento desproporcionado» que tuvo la Vicepresidencia durante la gestión de Álvaro García Linera.
eju.tv / Video: Radio Fides
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), José Richard Caricari, exigió hoy (26) al gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del Decreto Supremo 5552, norma que transfiere atribuciones administrativas de la Vicepresidencia a cuatro ministerios y que, según el dirigente, vulnera la institucionalidad de una autoridad elegida por voto popular.
«Estamos provocando a una movilización mayor, porque la sociedad a nivel nacional creemos que todos hemos recuperado la democracia. En esa medida es necesario que el presidente (Paz) tome en cuenta todo lo que acontece y a través del voto popular se ha elegido también a nuestras autoridades», señaló el dirigente minero conferencia de prensa y dejó entrever que el malestar trasciende a su sector y podría articularse con otros actores sociales.
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El sector no descartó iniciar movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo mantiene una medida que califican como una «actitud dictatorial» que atenta contra la democracia recuperada.
Consultado sobre si la demanda central es la eliminación del decreto, Caricari fue enfático en que el consenso es la única vía legítima para gobernar. «No podemos hacer una etapa de dictador, no, sino hay que consensuar y eso le da una mayor proporción para gobernar a un presidente», afirmó, en clara alusión a la decisión unilateral del Ejecutivo de reorganizar las dependencias de la Vicepresidencia.
El DS 5552, aprobado el 20 de febrero por el presidente Paz y su gabinete, transfiere instancias de la Vicepresidencia a los ministerios de la Presidencia, Economía, Planificación y Justicia, lo que generó una dura reacción del vicepresidente Edmand Lara, quien denunció que se convirtió en «empleado de Lupo», en referencia al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Lara presentó esta semana un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, con el objetivo que se le restituyan las dependencias transferidas.
Sin embargo, el ministro Lupo salió al frente de las críticas y defendió la medida como un ajuste administrativo necesario ante el «crecimiento desproporcionado» que tuvo la Vicepresidencia durante la gestión de Álvaro García Linera.
Lupo aseguró que las atribuciones constitucionales del vicepresidente no han sido afectadas y que los cambios responden a criterios de eficiencia y racionalización del gasto público, no a una intención de debilitar la institucionalidad de la segunda autoridad del país.
Pese a los argumentos del Gobierno, la advertencia de FENCOMIN suma presión al Ejecutivo y abre la posibilidad de movilizaciones mineras, sumadas al recurso constitucional de Lara y al respaldo de sectores como la COB. El Gobierno de Paz deberá decidir si mantiene la norma y enfrenta el costo político de las protestas, o si opta por el consenso que demandan los sectores para evitar una escalada del conflicto.