Asimismo, afirmó que las obras municipales cuentan con financiamiento y verificación de entidades estatales y organismos de crédito, y que los reformulados presupuestarios y reprogramaciones de los POA fueron aprobados por el Concejo Municipal, conforme a norma.
eju.tv / Video: Cadena A
En audiencia cautelar que duró más de seis horas este jueves, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó ser «víctima de maltrato y abuso de poder» dentro del proceso que enfrenta por presuntas irregularidades en la ejecución de obras de pavimentación inconclusas, y se preguntó: ¿Quién repara el daño que me están haciendo?
El burgomaestre sostuvo ante la juez que las observaciones que originaron la investigación corresponden a auditorías operativas, cuyo fin es la corrección de procedimientos y no la determinación de responsabilidades penales o daño económico. En ese marco, señaló que en anteriores gestiones nunca se establecieron delitos a partir de este tipo de informes y cuestionó que, pese a ello, el caso haya derivado en una investigación penal.
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«En estas observaciones, señora juez, se dice que hay que corregir muchas cosas, pero lo triste es que ya se está denigrando a una persona y a una autoridad. El señor Mamen Saavedra, denunciante que fue a la Fiscalía, publica en TikTok que yo hice obras fantasmas, que pagué obras que no existen. ¿Quién va a reparar el daño que me está haciendo? ¿Quién va a reparar ese daño?», se preguntó la autoridad edil, durante el desarrollo de la audiencia cautelar.
Fernández aseguró que durante su gestión se ejecutaron más de 475 kilómetros de pavimento y explicó que en los proyectos viales suelen presentarse órdenes de cambio por factores técnicos, como la reubicación de postes de energía eléctrica u otros obstáculos en vía pública, lo que puede modificar metrajes y especificaciones sin que ello implique irregularidades o perjuicio económico al Estado.
Asimismo, afirmó que las obras municipales cuentan con financiamiento y verificación de entidades estatales y organismos de crédito, y que los reformulados presupuestarios y reprogramaciones de los POA fueron aprobados por el Concejo Municipal, conforme a norma.
«Aquí no hay daño económico, no hay contrato lesivo al Estado, no hay nada fuera de las normativas del Decreto Supremo 181 de contrataciones y servicios. Para eso existen los reformulados, porque hay programas que no entran o no alcanzan. El alcalde propone, pero quien aprueba es el Concejo Municipal. Yo no dispongo nada sin aprobación del Concejo. ¿Acaso el Concejo no revisó los reformulados de 2021, 2022 y 2023?», continúo en su defensa sobre el denominado «caso pavimento».
La tarde de este jueves, la jueza Alejandra Menacho determinó 100 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, para el alcalde cruceño, en el marco de la investigación por presuntas obras de pavimentación inconclusas. El burgomaestre fue aprehendido el martes luego de presentarse ante la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción para prestar su declaración por supuestas irregularidades en la ejecución de proyectos viales de la Alcaldía cruceña, que apuntan a un presunto faltante de pavimento pagado.