El alcalde de Santa Cruz de la Sierra debe permanecer en ese recinto penitenciario 100 días, mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones.
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
Jhonny Fernández ha pasado su primera noche en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz por el caso de los proyectos de «pavimento» que supuestamente no se concluyeron.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra debe permanecer en ese recinto penitenciario 100 días, mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones.
En tanto, el Concejo alista los trámites para elegir a un alcalde interino, como dispone la norma.
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«El Concejo municipal, conforme a procedimiento, va a tener que elegir al alcalde sustito o al alcalde suplente», indicó el presidente del TSE, Gustavo Ávila, en una entrevista con el programa de Streaming POV de UNITEL.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se basa en un informe de la Contraloría General del Estado, que verificó siete proyectos de pavimento de avenidas en los que se registraron incongruencias en los informes de planificación, certificación y la ejecución de la obra.
En ese marco, indicó que el plazo de 100 días puede variar si se toma en cuenta el alcance de las pesquisas.
«El plazo de 100 días puede variar, puede ser menor o mayor, dependiendo de cómo se desarrollen las investigaciones y las citaciones de los involucrados», indicó la autoridad del Gobierno en una entrevista con Que No Me Pierda de la red UNO.
El Ministerio Público pidió una detención de 180 días, pero la juez número 14 del Tribunal Departamental de Justicia determinó un plazo de 100 días.
El viceministro consideró que «la base de la investigación es objetiva y técnica, no subjetiva».
«Se están realizando pericias en ingeniería civil y se citan a todos los actores involucrados, desde técnicos hasta empresas constructoras», señaló García
Otro proceso
El viceministro de Transparencia además informó que existe otro proceso contra el alcalde cruceño, esta vez por presunta desobediencia a resoluciones emitidas en acciones de defensa.
No obstante, García aclaró que su despacho no se sumado a este proceso porque, a diferencia del caso del pavimento, no estaría vinculado con un caso de recursos públicos.