La diputada Lissa Claros cuestionó este miércoles las recientes acciones asumidas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y afirmó que la destitución de 410 funcionarios no es suficiente para resolver la crisis que atraviesa la estatal petrolera. En ese sentido, exigió una «purga inmediata» y la identificación pública de quienes estarían saboteando la gestión.
«Nadie está saboteando su gestión, se están autosaboteando porque continúan manteniendo en las instituciones a funcionarios masistas designados, en muchos casos, por el propio presidente y que, además, se constituyen en jefes de campaña de los masistas. Entonces, ¿a qué gestión saboteada se están refiriendo?», sostuvo la legisladora.
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La posición de la legisladora surge luego de que se conoció un reporte oficial de la empresa, en el que se informa que las desvinculaciones forman parte de un proceso orientado a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional. Según el informe, varios de los funcionarios apartados ya enfrentan procesos internos por haber afectado las operaciones de la empresa, entre ellos la mala calidad del combustible, y, en algunos casos, estos procedimientos se encuentran avanzados con medidas cautelares.
Sin embargo, Claros sostuvo que las acciones anunciadas no resuelven el problema de fondo. A su juicio, mientras continúen en cargos estratégicos funcionarios vinculados al oficialismo, no habrá una solución estructural. En ese sentido, instó a transparentar los nombres y responsabilidades de quienes presuntamente estarían obstaculizando la gestión.
«Nosotros exhortamos al gobierno de Rodrigo Paz a que realice una purga inmediata de todos los funcionarios corruptos y masistas que han hecho tanto daño a nuestras instituciones. No es suficiente, porque lamentablemente en cargos y direcciones estratégicas continúan los masistas. Mientras sigan ahí, no habrá solución. Y la solución no es militarizar. Esto, lamentablemente, no va a resolver el problema», insistió.
Finalmente, convocó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a que se presente a la interpelación convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos temas que son observados: la presunta mala calidad del combustible y los contratos de crudo.