El candidato a gobernador de La Paz propone reorganizar el sistema hospitalario, fortalecer los institutos tecnológicos y exigir mayor control ambiental a la actividad minera y al uso de mercurio.
El candidato a gobernador de La Paz, Andrés ‘Chino’ Gómez, plantea un modelo de gestión departamental centrado en la tecnología, la innovación productiva y el control ambiental a la actividad minera. Entre sus principales propuestas figuran la reorganización del sistema hospitalario para enfrentar el déficit de camas, el fortalecimiento de los institutos tecnológicos del departamento y la exigencia de mayores medidas ambientales a las empresas mineras que operan en territorio paceño.
Gómez sostuvo en el debate organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz que uno de los principales desafíos en salud es la capacidad hospitalaria del departamento. “Tenemos un déficit de mil camas, vamos a reorganizar el sistema hospitalario”, afirmó al referirse a la situación de la red de salud departamental.
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El postulante indicó que su propuesta incluye fortalecer los hospitales de tercer nivel y ampliar la capacidad de atención. “Vamos a equipar el Hospital de Clínicas, el Hospital del Norte vamos a poner 300 camas, vamos a desconcentrar el servicio y vamos a poner consultas virtuales”, señaló.
En el ámbito educativo y productivo, Gómez puso énfasis en el potencial de los institutos tecnológicos del departamento. Según explicó, alrededor de 22.000 estudiantes cursan estudios en estos centros de formación técnica.
“Hay 22 mil estudiantes en los 45 institutos tecnológicos y vamos a dotar de internet”, afirmó, al plantear que estos espacios deben orientarse a la generación de soluciones para las comunidades y el sector productivo.
El candidato también planteó vincular estos institutos con áreas estratégicas como la biotecnología y el desarrollo agroambiental. “Los institutos deben resolver las necesidades de las comunidades: biotecnología, la reforestación, que el altiplano se convierta en oasis, por eso vamos a invertir en los cerebros de los jóvenes”, sostuvo.
En relación con la actividad minera, Gómez reconoció que las competencias de la gobernación son limitadas, pero señaló que se puede actuar en el ámbito ambiental. “Las competencias son limitadas, la política minera es del nivel central; la gobernación solamente hace las competencias ambientales”, explicó.
En ese marco, planteó impulsar cambios normativos que permitan una redistribución más equitativa de los beneficios de la minería. “Queremos una ley minera que redistribuya y deje recursos para las comunidades”, señaló.
También anticipó una posición firme frente a la minería ilegal y el uso de mercurio en las operaciones auríferas. “La minería ilegal no se puede legalizar, vamos a ser muy duros, pero con aquellas empresas legales vamos a exigir que cumplan la ley de medio ambiente”, afirmó.
Entre las medidas ambientales mencionó la exigencia de plantas de tratamiento de agua en operaciones mineras, particularmente en zonas afectadas por contaminación. “Vamos a exigir que las empresas mineras tengan plantas de tratamientos de agua. Entre 6 mil y 10 mil dólares cuesta una de esas plantas”, señaló.