Como ejemplo, mencionó incidentes registrados en el municipio de Morochata, en Cochabamba, donde funcionarios y técnicos que acudieron a verificar denuncias fueron atacados por pobladores con piedras, lo que obligó incluso a la retirada de los uniformados.
eju.tv / Video: Radio Fides
El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, pidió este jueves la aprobación de la ley antibloqueo y el fortalecimiento del equipamiento de la Policía para enfrentar los hechos de violencia vinculados a la minería ilegal que se registra en distintas regiones del país.
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«Considero que es necesaria la ley antibloqueo y también la autorización para que la Policía cuente con los medios necesarios para defenderse ante actos de violencia. Porque estamos enviando a la Policía, cuando hay minería ilegal, prácticamente con un palito y su gas lacrimógeno, y eso no está bien», sostuvo la autoridad realizó estas declaraciones durante un informe oral presentado ante la Cámara de Senadores de Bolivia, donde expuso sobre las concesiones mineras otorgadas, las condiciones ambientales en las que operan las empresas del sector y los contratos suscritos en esta área.
Calderón advirtió que las intervenciones contra actividades mineras ilegales se han vuelto cada vez más riesgosas para las autoridades y técnicos que participan en los operativos, debido a la resistencia y agresiones que enfrentan en algunas zonas.
Como ejemplo, mencionó incidentes registrados en el municipio de Morochata, en Cochabamba, donde funcionarios y técnicos que acudieron a verificar denuncias fueron atacados por pobladores con piedras, lo que obligó incluso a la retirada de los efectivos policiales que acompañaban el operativo.
«Los estamos enviando a lugares donde hay grupos armados, donde hay delincuentes, prácticamente a que los asesinen. Por eso debemos promulgar esa ley antibloqueo y permitir que la Policía pueda responder de manera adecuada ante estas situaciones», insistió Calderón.
El informe presentado ante el Senado también abordó la situación de las concesiones mineras en el país y las acciones que realizan las entidades del sector para supervisar el cumplimiento de las normas ambientales en la actividad minera.