Afirman que, al firmar un contrato, las constructoras deben ejecutar los trabajos dentro de un techo presupuestario previamente establecido, por lo que el alza en el costo de materiales impide continuar con normalidad los proyectos.
eju.tv / Video: DTV
El sector de la construcción inició este lunes un «tractorazo» con camiones y maquinaria pesada rumbo al Ministerio de Economía para exigir al Gobierno la aprobación de un decreto supremo que permita el reajuste de precios de los materiales en las obras públicas.
El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) La Paz, Jaime Del Llano, advirtió que el incremento de entre 35% y 50% en los costos de los insumos volvió inviables los proyectos firmados bajo contratos de presupuesto fijo, lo que estaría obligando a las empresas a trabajar a pérdida.
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«Han duplicado los precios y nosotros, como empresas constructoras, así queramos, no tenemos la capacidad de asumir una pérdida tan grande. Estamos hablando de que las obras se han incrementado entre un 35% y 50%. Entonces, así queramos nosotros, no tenemos la posibilidad de continuar con las obras con estos precios, porque al firmar un contrato tenemos un techo presupuestario con el cual debemos ejecutar la obra», manifestó.
Explicó que, al firmar un contrato, las constructoras deben ejecutar los trabajos dentro de un techo presupuestario previamente establecido, por lo que el alza en el costo de materiales impide continuar con normalidad los proyectos.
Del Llano también denunció que varias instituciones públicas exigen la continuidad de las obras e incluso amenazan con rescindir contratos si las empresas no cumplen los plazos, pese al incremento de los costos.
“Nos vemos imposibilitados de comprar los materiales al doble del precio con el que firmamos inicialmente los contratos. Estamos trabajando a pérdida y eso significa una inminente quiebra para muchas empresas constructoras que actualmente tienen obras en ejecución”, afirmó.
Ante esta situación, el dirigente indicó que el sector decidió movilizarse y no descartó radicalizar las medidas hasta obtener una respuesta del Gobierno. Según el representante empresarial, alrededor de 500.000 personas dependen de manera directa del sector de la construcción a nivel nacional, sin contar los empleos indirectos vinculados a esta actividad.
Las movilizaciones se registraron también en Cochabamba, donde afiliados a la Cámara Departamental de la Construcción, junto a miembros de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), realizaron un «tractorazo» para exigir la aprobación de un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos de obra pública.
El sector menciona que este pedido fue planteado desde noviembre de 2025 y que incluso habría sido consensuado con el equipo técnico del Gobierno; sin embargo, hasta la fecha no se emitió la norma comprometida para ajustar los costos. Mientras tanto, las constructoras advierten que la falta de una solución podría provocar la paralización de obras y una crisis en la industria.