Dijo que el país arrastra una deuda de unos $us 444,6 millones por arbitrajes de inversión y más de $us 33,2 millones por arbitrajes comerciales, montos que se originaron en decisiones del gobierno anterior.
eju.tv / Video: Procuraduría General
En la rendición pública de cuentas final de 2025, que se realizó este lunes, el procurador general del Estado, Hugo León La Faye, reveló que Bolivia heredó deudas millonarias producto de arbitrajes internacionales, tanto de inversión como comerciales, derivados de procesos iniciados por empresas contra el Estado.
Durante su intervención, la autoridad explicó que el país arrastra una deuda aproximada de 444,6 millones de dólares por arbitrajes de inversión y más de 33,2 millones de dólares por arbitrajes comerciales, montos que, según señaló, se originaron en decisiones del gobierno anterior, en referencia al Movimiento Al Socialismo (MAS), y que derivaron en disputas contractuales con empresas.
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«¿De dónde sale esta deuda? Obviamente, de decisiones del Ejecutivo que han sido incorrectamente llevadas adelante y que han obligado a empresas que tenían contratos con el Estado a recurrir a organismos y tribunales internacionales para hacer valer sus derechos», sostuvo durante su intervención en la Rendición de Cuentas.
El procurador también detalló que actualmente se contabilizan 28 arbitrajes, de los cuales solo dos fueron ganados por el Estado boliviano, mientras que el resto representa obligaciones económicas que deben ser asumidas por el país. «Es dinero que tenemos que pagar todos y cada uno de los bolivianos», sostuvo la autoridad.
La anterior semana, León mencionó sobre la magnitud de estos procesos y del cual declaró que Bolivia perdió alrededor del 90% de los arbitrajes comerciales iniciados por empresas contra los intereses del Estado, según El Deber.
Según explicó, muchos de estos casos fueron manejados de forma deficiente en la administración anterior, pese a que se destinaron sumas millonarias para contratar estudios y consorcios jurídicos internacionales encargados de la defensa del país.
Asimismo, el procurador enfatizó que los costos de la defensa legal en estos procesos incluso duplican los montos que actualmente se adeudan, lo que agrava el impacto económico de los arbitrajes para el Estado boliviano.