La posición de los legisladores se da en un contexto en el que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, instruyó investigaciones para identificar a quienes colaboraron con la organización criminal.
eju.tv / Video: Cadena A
La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera abrió un nuevo frente político. Legisladores de distintas fuerzas coincidieron en señalar un presunto encubrimiento por parte de exautoridades y hasta operadores del sistema judicial, y plantearon la creación de una comisión especial de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
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El diputado Rolando Pacheco (AP) sostuvo que existen indicios de protección policial y judicial que habrían permitido a Marset operar en Bolivia durante varios años. «Hay exautoridades y autoridades actuales de las cuales necesitamos conocer los nombres. Aquí hay mucha tela que cortar», afirmó, al remarcar que el encubrimiento no solo habría involucrado al ámbito político, sino también a jueces y vocales.
En la misma línea, el diputado Carlos Alarcón (Unidad) anunció que se impulsa la conformación de una comisión legislativa para investigar de manera paralela el caso. El objetivo, dijo, es esclarecer quiénes protegieron al narcotraficante y por qué, además de indagar las denuncias sobre la presunta desaparición de bienes incautados tras su captura. «Se requiere una investigación transparente que dé respuestas al país», enfatizó.
Alarcón también señaló que las pesquisas que se desarrollan en Estados Unidos pueden aportar información clave para conocer el nivel de penetración de la red de Marset en estructuras estatales, particularmente durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS).
Por su parte, el diputado Manolo Rojas (PDC) indicó que es fundamental identificar el alcance de las organizaciones criminales en ámbitos políticos, empresariales y sociales. A su criterio, hubo responsabilidades que deben ser determinadas por el Ministerio Público. «No solo han permitido que el narcotráfico campee en el país, sino que han sido cómplices y coautores de estos hechos», afirmó.
La posición de los legisladores se da en un contexto en el que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, instruyó investigaciones para identificar a quienes colaboraron con la organización criminal. La autoridad aseguró que tanto las indagaciones en Bolivia como el proceso judicial en Estados Unidos permitirán esclarecer responsabilidades y que los resultados serán dados a conocer públicamente.
El cabecilla de una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas cayó el viernes 13 de marzo, en un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un operativo planificado y ejecutado por la institución verde olivo. Durante el tiempo en que era investigado salieron a la luz documentos de identidad de Marset como ciudadano brasileño, paraguayo y uruguayo.