El exjefe antidrogas fue aprehendido en enero de 2022, cerca de la frontera con Argentina, cuando intentaba salir del país.
eju.tv / Video: Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado destacó que Maximiliano Dávila ya cuenta con sentencia en Estados Unidos porque ese estamento dio curso al proceso de extradición que se llevó a cabo en diciembre de 2024.
«En virtud a que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, determinó la procedencia de la extradición de Maximiliano Dávila Pérez en la gestión 2024, ese dictamen permitió que hoy fuera sentenciado en Estados Unidos a 25 años de prisión por los delitos de conspiración para de tráfico de drogas y conspiración para tráfico y uso de armas», explicó la jefa de Unidad de Asuntos Internacionales, María Luisa Herrera.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Maximiliano Dávila Pérez fue jefe antidroga del gobierno de Evo Morales y ayer (jueves 19) conoció su condena de 25 años de cárcel en Estados Unidos, luego de ser encontrado culpable de delitos de narcotráfico y tráfico de armas.
Agregó que, en enero de 2022, Dávila fue aprehendido en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, cuando intentaba salir del país. El Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por legitimación de ganancias ilícitas, mientras que otros antecedentes judiciales en Bolivia lo vinculaban a delitos como prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, amenazas, cohecho pasivo, concusión y estafa.
La extradición se concretó en diciembre de 2024, una vez en territorio estadounidense, Dávila fue puesto a disposición de la justicia federal, donde ahora enfrenta un proceso penal por cargos de conspiración para el tráfico internacional de drogas.
«En 2022, Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición, activándose el procedimiento de extradición pasiva conforme a tratados internacionales y la normativa boliviana. El caso fue remitido al TSJ, que analizó el cumplimiento de requisitos legales como la doble incriminación, la no persecución por delitos políticos y el respeto a las garantías judiciales», comunicó Herrera.