Para la reforma parcial de la CPE hay dos rutas: la iniciativa ciudadana y por la Asamblea Legislativa. Además, se debe ratificar los ajustes en referendo.
El diputado Juan Del Granado entrega la propuesta al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Foto: CdD
Por eju.tv / La Paz
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado (Alianza Unidad), presentó este miércoles un proyecto de ley que plantea eliminar la elección por voto de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
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La iniciativa, denominada proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia, fue presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.
La propuesta surge de una iniciativa popular impulsada en 2023, cuando se recolectaron más de 800.000 firmas en todo el país para promover una reforma judicial integral con cambios en la Constitución Política del Estado, pero que no prosperó.
La secretaria técnica de la Comisión de Constitución, Kathia Saucedo, comentó que una de las reformas principales que se propone es eliminar la elección de los magistrados por sufragio universal, como establece la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009 y que reguló tres elecciones judiciales.
“Plantea realizar un referéndum ratificatorio”, apuntó la jurista.
Además, propone la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones con participación de instituciones de la sociedad y el Estado, además de la implementación obligatoria de la carrera judicial para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Con ello, el trabajo de selección y preelección de los magistrados ya no estaría a cargo de la Asamblea Legislativa, como también establece la Constitución.
Asimismo, la iniciativa incorpora la prohibición expresa de injerencias externas en decisiones judiciales, la eliminación de jueces provisorios, la creación de juzgados de paz y mecanismos que fortalezcan la probidad e idoneidad en la selección de altas autoridades judiciales.
También plantea la asignación de un presupuesto mínimo del 3% del Presupuesto General del Estado para el Órgano Judicial y la prohibición de prórrogas en funciones jurisdiccionales y dispone su juzgamiento por la vía ordinaria en caso de incumplimiento.
Para la reforma parcial de la CPE hay dos rutas: la iniciativa ciudadana y por la Asamblea Legislativa.
Precisamente, el parágrafo segundo del artículo 411 de la Constitución establece que su reforma parcial “podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes”.
Además precisa que “cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.