Las autoridades anunciaron que se activarán investigaciones específicas para identificar a los compradores, con el apoyo de la Fiscalía, la Policía y militares del Ejército, priorizando el desmantelamiento de redes que operan detrás del «jukeo».
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y entidades del Estado acordaron ampliar la lucha contra el «jukeo» de mineral en Huanuni, enfocando las acciones en la investigación y persecución penal de personas y empresas que compren mineral sustraído, un etapa clave en la cadena del delito que hasta ahora tenía menor exposición.
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El acuerdo interinstitucional, suscrito ayer, establece que la respuesta estatal no se limitará a la extracción ilegal, sino que alcanzará directamente a quienes financian o sostienen esta actividad mediante la compra del mineral, incluyendo comercializadoras, ingenios y actores intermediarios.
En ese marco, las autoridades anunciaron que se activarán investigaciones específicas para identificar a los compradores, con el apoyo de la Fiscalía, la Policía y militares del Ejército, priorizando el desmantelamiento de redes que operan detrás del «jukeo».
De acuerdo con la Ley 1093, quienes reciban, oculten, transporten o comercialicen mineral de origen ilícito pueden ser procesados por delitos como receptación, asociación delictuosa, hurto o robo de minerales, con agravantes cuando exista participación empresarial o estructuras organizadas.
Asimismo, se advirtió que propietarios, gerentes o administradores de empresas que participen en la compra de mineral ilegal enfrentarán sanciones más severas, al considerarse su rol dentro de la cadena delictiva.
El plan también contempla fortalecer la coordinación para acelerar procesos penales, mejorar los mecanismos de control y avanzar en propuestas para endurecer las penas, con el objetivo de cortar el circuito económico que sostiene la sustracción ilegal.
Con este enfoque, las instituciones buscan golpear el mercado del mineral robado, bajo la premisa de que el «jukeo» no se sostiene sin compradores.
