Con el fin de identificar posibles hechos de corrupción, el Decreto Supremo 5600 establece que los ministerios de Estado deben “realizar el relevamiento de los procesos de contratación directa efectuados”.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia Tv
Al menos 161 decretos, que autorizaba la firma de contrataciones directas por más de $us 96 millones durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron anulados este lunes por el Gobierno nacional, anunció el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
La medida está contenida en el Decreto Supremo 5600 que precisamente transparenta todos los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios que realizan las diferentes entidades del sector público.
“La presente norma tiene por objeto abrogar y derogar las autorizaciones de contrataciones directas establecidas en decretos supremos, como excepción al Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, refiere el artículo 1 de la norma publicada en la Gaceta Oficial y presentada este lunes por el ministro Lupo y el presidente Rodrigo Paz.
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Para la puesta en vigencia del decreto, Lupo informó que se hizo una investigación con el fin de identificar las normas que autorizaron las contrataciones directas y en qué se uso y qué no se ejecutó.
“¿Cuál fue el tamaño real de todo esto? El tamaño de todo esto fueron 161 decretos, por más de 96 millones de dólares y por más de 7.930 millones de bolivianos. De estos 161 decretos, 105 de ellos son sin monto, es decir, instrumentos que están vigentes en todo momento y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno y así lo hicieron, por eso llegaron a estos 161 decretos”, detalló Lupo.
Las normas tenían el objetivo de acelerar la ejecución de distintas obras, pero en la práctica no se concretaba o se lo hacían mal.
La pesquisa identificó que tres unidades de radioterapia de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí no funcionan y que faltan equipos médicos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Foto: Facebook José Luis Lupo
También están infraestructuras millonarias abandonadas como el museo de Orinoca, que construyó el expresidente Evo Morales con más de Bs 47 millones, el financiamiento directo para los Juegos Odesur, la compra directa de 702 ambulancias por $us 64 millones y múltiples hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel sin concluir por Bs 4.400 millones.
A ellos se suman las obras del aeropuerto de Alcantarí, en Chuquisaca, por Bs 382 millones; el aeropuerto de San Ignacio de Velasco por $us 215 millones; semillas de papa y laboratorios, por Bs 126 millones; y eventos con movimientos sociales por Bs 29 millones.
Con el fin de identificar posibles hechos de corrupción en la aplicación de los decretos que viabilizaron las contrataciones directas, la disposición transitoria segunda del Decreto Supremo 5600 establece que los ministerios de Estado deben “realizar el relevamiento de los procesos de contratación directa efectuados”.
El relevamiento comprenderá: a) los procesos de contratación directa realizados por el propio Ministerio, cuando corresponda; y b) los procesos de contratación directa realizados por las entidades bajo tuición, dependencia, sujeción o supeditación del Ministerio.
Lupo defendió la medida y afirmó que “tiene que haber responsables” y procesos contra quienes cometieron ilícitos en la administración de los fondos públicos.
“Cada hospital que no funciona, cada proyecto abandonado, es una oportunidad de pérdida para una familia boliviana y eso no es aceptable. Aquí no hay persecución, hay responsabilidad. Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder”, advirtió.