Días atrás, argumenté que el déficit no es deuda, y que solo se torna en deuda por decisiones del Gobierno. Carlos Jahnsen, en su reciente nota de análisis , sostiene que la “frase es correcta… y, a la vez, incompleta”. Parte por definir flujos y stocks para distinguir déficit de deuda, pero sostiene que, la distinción, no es suficiente porque “los déficits de hoy se convierten en stocks de mañana cuando generan obligaciones futuras o presiones persistentes sobre el sistema” que luego aparecen como nuevos pasivos monetarios.
Luego describe, en términos de la económica ortodoxa, una compleja maraña de equilibrios y posibles vinculaciones —no necesariamente relaciones causales reales y directas— entre déficit, tipo de cambio, importaciones, reservas, etc., que se ajustan al desacreditado relato déficit → emisión → inflación, que parecería haber adquirido el estatus de dogma económico; concluye que, en tal contexto, afirmar que “déficit no es deuda” pierde relevancia práctica porque el verdadero límite ya no sería contable, sino económico.
Las relaciones que Carlos describe como reales, han llevado a erradas políticas que configuran economías cada vez más distanciadas del bienestar social. En una anterior nota de opinión, sugiero que la alternativa a esos estériles debates, es usar la evidencia empírica para utilizar el déficit como el motor de un crecimiento sostenido e inclusivo. En esa línea, en lugar de polemizar con Carlos sobre una realidad que diagnosticamos de formas muy diferentes, tomo esta oportunidad para esbozar la alternativa de déficit como motor de desarrollo.
Vamos paso a paso. Estamos de acuerdo que el déficit es un flujo y el patrimonio público es un stock. Pero el déficit no se convierte en stock, ni en deuda por decisión propia: alguien toma la decisión de hacerlo. Cuando el Estado gasta para construir carreteras, escuelas, hospitales, redes eléctricas o sistemas de agua –no para la corrupción, la fidelización política o el enriquecimiento, crea activos reales, pero la contabilidad fiscal tradicional solo registra el gasto como salida, el déficit como la diferencia entre los ingresos y los gastos fiscales, y no registra el activo creado como contrapartida. Es decir, el déficit aparece en el registro fiscal, pero el patrimonio creado no. De ahí la inferencia que “todo déficit es desperdicio y debe evitarse”.
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Esto genera la visión distorsionada en la que parece que el Estado “se endeuda” o “gasta de más”, cuando en realidad estaría transformando dinero en infraestructura u otras formas de patrimonio. La omisión se podría corregir creando una cuenta de “Patrimonio Público de Respaldo Financiero”, que además de ser una poderosa innovación contable, aseguraría que para cada activo que el Estado construye (carretera, hospital, planta eléctrica), su valor económico queda registrado en una cuenta de patrimonio público, cuenta que serviría como contrapartida del déficit generado por ese gasto.
El resultado sería que el déficit ya no aparece como “pérdida”, sino como inversión transformada en activos; el Estado mostraría un balance real, no solo un flujo de caja; el valor del patrimonio público acumulado se visibilizaría; se reduciría la narrativa de “gasto irresponsable”; y se identificaría los malgastos para evitar convertir el déficit en deuda innecesaria.
En síntesis, el déficit dejaría de ser visto como un agujero y pasaría a ser visto como una inversión con respaldo real. Pero, ¿por qué no se lo hace? Puede haber muchas razones, pero doy cuatro.
Primero, porque la contabilidad fiscal internacional (FMI, OCDE, etc.) está diseñada para invisibilizar el patrimonio público: solo registra flujos, no stocks; solo registra gastos, no activos. Segundo, porque si se reconociera el patrimonio público, la narrativa del “déficit peligroso” perdería fuerza; y con ella, perderían fuerza los ajustes fiscales, las privatizaciones, la presión a endeudarse, y el gran negocio financiero asociado a “financiar la deuda pública”. Tercero, porque registrar el patrimonio público debilita el argumento que “el Estado es ineficiente por naturaleza”. Y, cuarto, porque el patrimonio público acumulado podría legitimar políticas de inversión estatal.
Por estas razones, sostenemos que el financiamiento del déficit no es un problema técnico: es una opción política intencionada.
¿Sería técnicamente posible tal innovación? Sí, totalmente. De hecho, existen precedentes como el de Nueva Zelanda que implementó un sistema de balance patrimonial del Estado; Australia y Canadá tienen modelos parciales; y algunos países nórdicos registran activos públicos estratégicos. Nada —fuera de intereses creados—, impide que Bolivia cree la cuenta de: “Patrimonio Público de Respaldo Financiero (PPRF)” que registre la infraestructura física y los activos productivos relevantes (luego podrían además incluir empresas públicas, ciertos recursos naturales, activos tecnológicos, activos institucionales, etc.) tanto por el valor de esta información para fines de planificación y control, como por su utilidad para medir la calidad de la inversión pública bajo la idea que el déficit no es pérdida: es la transformación de liquidez en patrimonio.
Además de eliminar discusiones estériles, adoptar este mecanismo cambiaría las prácticas actuales: el déficit dejaría de ser un indicador de “fragilidad”; eliminaría la presión para financiarlo con deuda remunerada; mostraría el valor real creado por el gasto público; fortalecería la legitimidad de la inversión estatal; permitiría un real control social; y debilitaría la narrativa del ajuste permanente.
En síntesis, reconocer que el déficit no es un tema técnico que pueda resolverse financiándolo, sino que al hacerlo así preserva intereses políticos y privados, cambiaría por completo el manejo de la política fiscal. Lo importante, es que la ciudadanía tome conciencia sobre la necesidad de demandar que “la clase política” deje de usar el relato del déficit para preservar los intereses de pocos, y lo transforme en el poderoso dinamizador del crecimiento inclusivo y sostenible que puede ser.
Enrique Velazco Reckling, PhD, es investigador en temas de desarrollo productivo