Según la investigación, los suegros supuestamente habrían vendido un departamento por un monto de 600 mil bolivianos mediante una entidad financiera, utilizando el nombre de la estatal para simular un crédito.
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El caso de la denominada fábrica de Papas en la ciudad de El Alto suma nuevos elementos. Cuatro familiares del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, prestaron declaración en calidad de investigados, mientras el Ministerio Público analiza ampliar las pesquisas contra exministros del actual Gobierno, informó este jueves el fiscal Johan Muñoz.
Detalló que se recepcionaron las declaraciones de los suegros y dos hermanas de Flores, quienes presuntamente habrían participado en operaciones financieras y comerciales presuntamente irregulares que favorecieron el enriquecimiento ilícito del exfuncionario.
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«En la fábrica de papa que está ubicada en la ciudad de El Alto, se ha concluido con la toma de declaraciones informativas en calidad de sindicados, tanto de los suegros de Franklin Flores, como de las dos hermanas», informó el fiscal.
Según la investigación, los suegros supuestamente habrían vendido un departamento por un monto de 600 mil bolivianos mediante una entidad financiera, utilizando el nombre de la estatal para simular un crédito. Este movimiento es considerado por la Fiscalía como un posible mecanismo para encubrir recursos de origen ilícito. «Hemos encontrado elementos de convicción que ayudaron al favorecimiento de enriquecimiento ilícito que ha tenido Flores».
Mientras que, las hermanas de Flores están bajo investigación por haber recibido transferencias bancarias y por comercializar productos a la entidad estatal, operaciones que también presentarían irregularidades.
En ese marco, Muñoz no descartó que en los próximos días se amplíe la investigación hacia exautoridades del entonces presidente Luis Arce. Entre los posibles implicados figura el exministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, además de otros exministros que habrían tenido conocimiento de los hechos y no actuaron conforme a sus funciones.
Las indagaciones datan de diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público detectó presuntas maniobras para el lavado de dinero a través de familiares de Flores. Uno de los elementos clave es la adquisición de un inmueble que, según la declaración jurada del exgerente, habría sido comprado en 2020 por 130.000 bolivianos; sin embargo, registros de Derechos Reales evidenciaron inconsistencias sobre la propiedad del bien.
La Fiscalía sostiene que estos movimientos forman parte de un esquema que habría operado desde la estatal Emapa, y que ahora podría escalar hacia niveles más altos de responsabilidad dentro del Gobierno.
