En el país se impulsan propuestas de anteproyectos de ley que busca reconocer y sancionar de manera específica este tipo de formas de violencia, en el que se establecerá criterios claros para evitar su interpretación y garantizar justicia con enfoque de género, afirmó la viceministra Echeverría.
eju.tv
Lidia Mamani Siñani / La Paz
«Me dijeron que ya estaba muy mayor para tener un hijo», relata una mujer de 40 años de edad que sufrió discriminación durante su embarazo. En otro hospital público de La Paz, una paciente que gritaba de dolor recibió como respuesta que «aguante porque ya era su tercer parto». Estas historias sobre violencia obstétrica no son casos aislados, reflejan una realidad que alcanza al 59,8% de las mujeres en el país. Si bien no es un delito en Bolivia, autoridades reconocen su gravedad y enfatizan en la ruta que las víctimas pueden seguir para denunciar y romper el silencio.
Durante su primer embarazo, una mujer de 40 años recuerda que el proceso se volvió angustiante, no por su condición médica, sino por el trato que recibió. «Las enfermeras empezaron a decirme que ya estaba muy mayor, que no podía tener un parto normal, que mis huesos ya no eran flexibles. Eso me generó miedo innecesario y no estuve tranquila durante mi embarazo», contó a eju.tv una de las pacientes de un centro hospitalario de la ciudad de El Alto.
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En otro caso, registrado en un hospital público de la ciudad de La Paz, una mujer relató que, mientras esperaba en la sala de preparto, no pudo contener los gritos por el dolor. La respuesta del personal de salud, principalmente enfermeras, fue despectiva: le dijeron que debía «aguantar» porque no es «primeriza», ya que era su tercer parto. “Si quiere, hágase pis o baño, pero no podemos hacer nada”, contó y dijo que recuerda que esas palabras le marcaron mientras esperaba a que la dilatación suba y recién entrar a la sala de parto.
«Uno no entiende por qué actúan así, tal vez porque ven estos casos todos los días», manifiesta otra mujer que se considera víctima de violencia obstétrica. Contó que, mientras se encontraba en la sala de preparto, un espacio con cinco camillas colocadas de lado a lado, separadas apenas por una cortina y un pasillo por donde médicos y enfermeros caminaban de rato en rato, cuatro de ellas estaban ocupadas por mujeres en trabajo de parto que gritaban de dolor, y desde el personal médico sólo recibían la indiferencia.
Estos testimonios, de varios que hay, reflejan una práctica que se vuelve común en la mayoría de los centros de salud y hospitales públicos y que muchas mujeres callan por temor, pese a que no sólo viola sus derechos como a recibir una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación.
El estudio nacional «Recuperar el parto», elaborado por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y el Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia (OVO) (https://ciudadaniabolivia.org/publicacion/recuperar-el-parto-estudio-nacional-de-violencia-obstetrica/), revela que el 59,8%, es decir que, 6 de cada 10 mujeres en Bolivia sufrieron algún tipo de violencia obstétrica durante el embarazo o el parto, incluyendo el maltrato físico, psicológico o procedimientos sin consentimiento.
En el documento también advierte que la violencia obstétrica no solo vulnera la autonomía y dignidad de las mujeres, sino que transforma el parto en una experiencia que debería ser humana y significativa, en un proceso marcado por el miedo, el dolor y el trauma. Enfatiza que más que una respuesta punitiva, propone promover el diálogo entre mujeres, personal de salud y autoridades para construir soluciones conjuntas que permitan erradicar este tipo de hechos y recuperar el parto como una experiencia segura, respetada y libre de violencia.
Una violencia invisibilizada
En Bolivia está vigente desde el 9 de marzo de 2013 la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, en su artículo 7, Tipos de Violencia contra las mujeres, numeral 9 (Violencia en Servicios de Salud), si bien reconoce el hecho como tal, pero no define explícitamente la violencia obstétrica como un delito. Esta omisión limita el acceso a mecanismos de denuncia, reduce la generación de estadísticas y favorece su impunidad, enfatizan en OVO.
Por su parte, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, dependiente del ministerio de la Presidencia, Jessica Echeverría, manifestó que aún se tienen desafíos pendientes, como la normalización de conductas en el trato deshumanizado, el abuso de medicalización y la patologización de procesos naturales, que muchas veces son vistos por el personal de salud como “protocolos” y por las pacientes como el costo natural de la atención.
«Reconocemos que existen factores de invisibilización y brecha de denuncia porque supuestamente no existen estas quejas debido a la baja tasa de reclamos, esto no se debe a la inexistencia del problema, sino a barreras críticas que no permiten reclamar o denunciar por la vía administrativa. La relación médico-paciente sigue siendo jerárquica. Muchas mujeres temen una mala atención futura si denuncian durante el proceso de gestación o parto», afirmó Echeverría a eju.tv.
Asimismo, reconoce que este tipo de conductas es la manifestación más recurrente dentro de la violencia en servicios de salud, pero también admite que existe un vacío legal. «Lo que no se nombra, no existe en las políticas públicas», señaló la autoridad, al advertir que la falta de tipificación impide generar estadísticas, asignar presupuesto y sancionar de manera específica estas acciones.
Sí se puede denunciar
A pesar del vacío legal, el Viceministerio y la Fiscalía General del Estado coinciden y enfatizan en que las mujeres no están desprotegidas y pueden denunciar estos hechos. Aunque la violencia obstétrica no es un delito autónomo, puede ser investigada bajo otras figuras penales como lesiones, negligencia, incumplimiento de deberes o denegación de auxilio, dependiendo del caso.
Por ejemplo, en la Fiscalía General está vigente la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), aprobada por la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia de Género, establece los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones para garantizar una respuesta oportuna, integral y articulada frente a hechos de violencia contra las mujeres. También activa denuncias sin necesidad de pruebas iniciales y acceder a medidas de protección inmediatas.
Según la explicación de la Fiscalía General a este medio digital, una mujer que considere que sus derechos fueron vulnerados, entre ellos ser víctima de violencia obstétrica, puede activar la ruta de denuncia de manera gratuita a través de distintas instancias. A continuación, vea el cuadro 1 en el que detalla a qué instancias se pueden acudir:
La denuncia no tiene costo, puede ser verbal o escrita y no requiere pruebas previas, con la declaración de la posible víctima es suficiente para iniciar una investigación.
«Los procesos deben regirse por principios de celeridad y protección a la víctima, y para evitar la revictimización, se aplican medidas como resguardar la identidad, evitar reiteración de declaraciones y garantizar acompañamiento integral», indicó a eju.tv la Fiscalía General del Estado.
Entretanto, Echeverría sostiene que, si bien el momento de activar la denuncia puede resultar difícil, es importante tomar ciertas medidas que fortalecerán cualquier acción futura. En primer lugar, se debe solicitar el historial clínico, ya que es un derecho del paciente y permite conocer todos los procedimientos realizados.
También es clave identificar al personal involucrado; si no se cuenta con sus nombres o se niegan a proporcionarlos, se recomienda registrar descripciones físicas, el cargo que desempeñan y el número de cama o sala donde ocurrió el hecho.
Asimismo, los testimonios de acompañantes u otras pacientes que hayan presenciado la situación pueden ser fundamentales para respaldar la denuncia. Toda esta información permite reunir pruebas que ayuden a tipificar posibles hechos de violencia en el sistema de salud (ver cuadro 2).
También se puede solicitar apoyo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi, adjunto las direcciones donde se puede acudir: https://sepdavi.gob.bo/?page_id=17608, al igual que el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero (Sepmud), o dirigirse a la Defensoría del Pueblo para formalizar una queja. Sobre este último, eju.tv se contactó con la Defensoría para ver si tienen registros sobre casos de violencia en servicios de salud. Pero, pese a un tiempo de espera, no respondieron.
La viceministra Echeverría también mencionó que una mujer debe alertarse ante señales de violencia en servicios de salud como: el trato deshumanizado, comentarios humillantes o despectivos por expresar dolor, y la pérdida de su identidad al ser tratada con apodos o de forma infantilizada (ver cuadro 3).
Una deuda pendiente: Tipificar la violencia obstétrica
A pesar de estos avances, las autoridades coinciden en que el principal desafío tiene que ver con el normativo. El Viceministerio reconoce que existe una demanda histórica para modificar la Ley 348 e incorporar el delito de violencia obstétrica, que tenga una definición clara, que evite interpretaciones y garantice justicia con enfoque de género. El objetivo también es dejar de tratar estos casos como hechos aislados o «negligencias» y reconocerlos como una vulneración sistemática de derechos humanos.
«Desde el Viceministerio subrayamos que la normalización es más severa cuando afecta a mujeres indígenas, campesinas y jóvenes. El Estado reconoce que el racismo dentro del sistema de salud alimenta la violencia obstétrica. Por ello, creemos que se debe trabajar un anteproyecto de ley en el que puntualice y tipifique la violencia obstétrica como un delito penal y estamos en eso. La nueva norma debe estar enmarcado a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», indicó la autoridad.
Asimismo, enfatizó que es fundamental generar precedentes, visibilizar los casos y fortalecer tanto la vía penal como la administrativa, como el impulso de resoluciones ministeriales (protocolos, reglamentaciones) que sancionen (destitución, suspensión del ejercicio profesional u otros) al personal de salud que cometa violencia obstétrica, sin necesidad de esperar un largo juicio penal o hasta que se torne un delito.
«Desde este Viceministerio observamos que la solución no es solo punitiva, sino estructural, se puede elaborar protocolos humanizados de parto, junto al Ministerio de Salud», consideró la Viceministra.
No obstante, ante este tipo de hechos, el Ministerio de Salud, máxima autoridad del sistema sanitario, no respondió a ningún requerimiento de entrevista ni tampoco un cuestionario enviado por este medio. Asimismo, para contrarrestar los testimonios vertidos por mujeres que sufrieron una forma de violencia, este medio de prensa buscó la posición de la Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública de Bolivia (Confesirmes), principal organización sindical y gremial que agrupa y representa a los profesionales de la salud en el sistema público boliviano, pero tampoco obtuvo respuesta del vocero de esta entidad, pese a que dijo que iba a hacerlo.
Por su lado, el jefe de la División Nacional de Capacitación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), teniente Álvaro Miranda, afirmó a eju.tv que hasta esa unidad policial no hubo mujeres o familiares que hayan denunciado este tipo de hechos. No obstante, insta a todas aquellas que consideren haber sido vulneradas en sus derechos, se animen a presentar sus demandas ante las instancias correspondientes, ya explicadas en el cuadro 1.
Asimismo, remarcó que, en el marco de la Ley 348, este tipo de hechos no son conciliables, por lo que la Policía no puede promover acuerdos entre partes. Aclaró que como Felcv cumplen un rol operativo y que es el Ministerio Público el encargado de analizar y tipificar los casos, garantizando además que las posibles víctimas reciban orientación adecuada y evitando su revictimización durante el proceso.
Un problema estructural
De acuerdo con el Análisis de la violencia en las Mujeres y Niños, a partir de la Encuesta de Demografía y Salud 2023, del Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.gob.bo/index.php/analisis-de-la-violencia-en-las-mujeres-y-ninos-a-partir-de-la-edsa-2023/), la violencia contra las mujeres, incluida la que ocurre en servicios de salud, es una violación de derechos humanos reconocida por tratados internacionales.
Instrumentos como la Cedaw, adoptada por la ONU en 1979, y la Convención de Belém do Pará, establecen que esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, y se puede registrar tanto en el ámbito privado como en espacios públicos, incluyendo los servicios de salud. Asimismo, estos acuerdos obligan a los estados, como Bolivia, a garantizar condiciones de igualdad, prevenir la discriminación y proteger los derechos de las mujeres, incluyendo su autonomía y acceso a servicios de salud dignos, lo que se vincula directamente con la problemática de la violencia obstétrica.
Según el estudio del INE, Bolivia cuenta con un marco constitucional y legal robusto, como la Constitución Política del Estado y la Ley 348, que promueven una vida libre de violencia y la equidad de género. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como la desigual distribución del trabajo de cuidado, que recae principalmente en las mujeres, y la falta de implementación efectiva de políticas públicas, lo que puede derivar en formas de violencia institucional, incluida la que ocurre en servicios de salud. En este contexto, la Encuesta de Demografía y Salud 2023 se constituye en una herramienta clave para evidenciar estas brechas y orientar políticas que prevengan y atiendan la violencia de género.
