Entre las irregularidades detectadas por la Comisión del TSJ está la declaratoria de herederos de 1989 de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos donde no figuraban los terrenos del mercado Mutualista ni ningún bien inmueble. El Presidente TSJ definió esta prueba como “medular” en la pesquisa y que hecha por tierra los argumentos de la familia Crapuzzi.
Por eju.tv / La Paz
Una juez de Pailón, los exmagistrados autoprorrogados y el concejal del MAS, José Quiroz, fueron identificados como los responsables por la Comisión de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las irregulares cometidas en las acciones de la familia Crapuzzi para apropiarse de terrenos donde está ubicado el mercado Mutualista en la ciudad de Santa Cruz.
Se trata de más de cinco irregulares que fueron identificadas por la Comisión que se trasladó desde la ciudad de Sucre y trabajó durante tres días revisando documentos y todos los actuados de la disputa entre la Alcaldía de la capital cruceña y la familia Crapuzzi por los terrenos en donde está ubicado dicho mercado, valuados en al menos $us 300 millones.
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Las conclusiones del informe fueron presentadas por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, junto con la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
“Agradecer el trabajo que ha realizado la comisión que se trasladó desde la ciudad de Sucre, que cumplieron los objetivos trazados y que recomiendan, en este informe que les vamos a hacer llegar a todos, que identifica a los autores del presunto delito, que identifica los posibles tipos penales, además de las faltas gravísimas en el régimen disciplinario”, indicó Saucedo en conferencia de prensa.
Todos los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y también al Consejo de la Magistratura para que inicien las investigaciones correspondientes y se puedan seguir esclareciendo el caso.
Entre las irregularidades detectadas por la Comisión está la declaratoria de herederos de 1989 de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos donde no figuraban los terrenos del mercado Mutualista ni ningún bien inmueble.
Saucedo definió esta prueba como “medular” en la pesquisa y que hecha por tierra los argumentos de la familia Crapuzzi.
Pero, además, la familia alegaba que tenía un documento de trasferencia del terreno, fechada el 13 de marzo de 1969, pero no hay registro del éste.
Saucedo precisó que la Unidad de Transparencia solicitó a la Notaría de Fe Pública N° 1 de la ciudad de Santa Cruz para que remita la minuta de transferencia, pero esta informó que “no existe esa minuta de transferencia y tampoco existen copias de las cédulas de identidad”.
“Aquí se abre otra arista para ser investigada: ¿cómo es que Derechos Reales entrega o realiza el registro de una matrícula sin que existan esos documentos de transferencia, esas minutas de transferencia de aquella época?”, preguntó el presidente del TSJ al apuntar que será el Consejo de la Magistratura quien deba iniciar una investigación por estos hechos.
A ello se suma, que según datos del Servicio General de Identificación Personal (Segip) el señor Miguel Crapuzzi Direnzo no está registrado como tal sino como Miguel Crafuzzi.
Si bien solo puede atribuirse a un error de registro, Sauceso señaló que una persona que está inscrita con errores en el Segip no puede obviar la corrección para realizar el trámite de declaratoria de herederos.
Ya sobre el amparo constitucional presentado por la familia Crapuzzi se presentan dos irregularidades: una, la decisión de una juez de la localidad de Pailón que acepta la acción y ordena una medida cautelar que paraliza cualquier obra en los terrenos, pero luego se declara incompetente y remite el caso a donde debía radicar: la ciudad de Santa Cruz.
Saucedo señaló que en esta acción hay “responsabilidad penal” de la juez de Pailón por lo que el caso será remitido al Ministerio Público para que inicie el proceso.
A la sazón, el presidente señaló que en la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se cometió prevaricato por lo que los exmagistrados serán procesados.
La Sentencia Constitucional 0531/2024-S3 dejó sin efecto la ley que resguardaba el mercado Mutualista y ordenó la entrega de documentación a los supuestos propietarios, en el marco de requisitos legales establecidos, es decir la familia Crapuzzi.
Los exmagistral autoprorrogados que emitieron la sentencia son Gonzalo Hurtado (expresidente), René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
¿Y cómo la familia logró los planos para alegar la propiedad de los terrenos? Saucedo señaló que uno de los abogados manifestó en su declaración “que fue el concejal (José) Quiroz quien le entregó a solicitud expresa que ellos le realizaron”.
“Manifiesta que era el único que podía tener acceso al CEMPLA para obtener estos documentos. Este proceso está rechazado en el Ministerio Público, pero aquí está lo importante. Verificados los pasos, están todavía en paso para interponer algún recurso que permita la reapertura de este proceso penal y se siga la investigación conforme corresponde”, apuntó Saucedo.
