El Ministerio Público identificó un daño económico de 711 millones de bolivianos en la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud, ubicado en la zona de Miraflores, en La Paz, que hasta la fecha no está en funcionamiento debido a la afectación del terreno por un deslizamiento.
Fuente: ANF
El fiscal del caso, Wilson Medrano, indicó que no se realizaron evaluaciones minuciosas en las fases de preinversión, inversión y ejecución de la obra, ni una adecuada fiscalización por parte de la empresa contratista y la entidad estatal, lo que derivó en una actuación lesiva contra el Estado.
“No se ha realizado la debida fiscalización respecto a los trabajos que se estaban ejecutando, lo cual provocó posteriormente un deslizamiento que afectó gravemente la parte superior de esta infraestructura. Además, se ha ocasionado un daño económico que supera los 711 millones de bolivianos, recursos del Tesoro General del Estado”, señaló el fiscal.
En julio de 2018 se firmó el contrato entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la Empresa Constructora Makiber S.A., bajo la modalidad “llave en mano”, que incluía el diseño, construcción, equipamiento, capacitación y puesta en marcha del hospital.
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La entrega estaba prevista para el 8 de abril de la presente gestión; sin embargo, la obra aún no ha concluido. En la entrega provisional realizada en septiembre de 2024 se identificaron varias irregularidades.
En ese sentido, el fiscal también señaló que, según informes del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército, ya se habían advertido fisuras, hundimientos y humedad en el terreno donde se edificaba la obra.
Por tanto, el área no era apta para la construcción de un hospital de esa magnitud, considerando que se proyectaba contar con 16 servicios clínicos, 13 de imagenología, 15 de apoyo al diagnóstico y tratamiento, 8 de asistencia complementaria, 10 de laboratorio, 8 de patología, 9 quirúrgicos, 7 para pacientes críticos y 4 de monitoreo y control del paciente.
Procesados
Por otra parte, el fiscal informó que existen 15 personas investigadas, entre ellas la exministra de Salud, María Reneé Castro, y el exdirector de la AISEM, quienes habrían decidido continuar con la construcción pese a las advertencias.
Asimismo, anunció que se citará nuevamente a declarar a la exministra, debido a la existencia de nuevos elementos en la investigación que deben ser aclarados. El 26 de febrero de este año, la exautoridad ya compareció ante el fiscal del caso.
En relación con la aprehensión del representante de la empresa constructora, el fiscal indicó que se presentó una imputación por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. Además, se solicitó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.
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La Paz: Aprehenden al representante de constructora por el caso del hospital gastroenterológico