La acción legal fue presentada por María René Álvarez Camacho, exdiputada nacional y actual asambleísta electa por Santa Cruz. La audiencia está marcada para el 27 de abril.
Fuente: eldeber.com.bo
El Juzgado Agroambiental de San Ignacio de Velasco admitió una demanda de responsabilidad por daño ambiental contra el alcalde saliente, Ruddy Dorado, por su gestión en el botadero municipal. La denuncia cuestiona las operaciones a cielo abierto sin licencia ambiental ni tratamiento de lixiviados que se realizan en la ubicación actual.
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La acción legal fue presentada por María René Álvarez Camacho, exdiputada nacional y actual asambleísta electa por Santa Cruz. Durante su argumentación, Álvarez señaló que esta situación no responde a un hecho fortuito, sino a un prolongado abandono institucional.
Dijo que durante años la Alcaldía permitió el vertido de más de 21 toneladas diarias de residuos sólidos. Además, estima que este actuar afectó gravemente la salud de varias comunidades cercanas, así como la producción de predios agrícolas y ganaderos.
La demanda enfatiza que existieron oportunidades concretas para remediar el problema, como un proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos con financiamiento externo, disponible desde 2019, y la iniciativa para abrir un relleno sanitario en un predio de 200 hectáreas, de las cuales 10 ya estaban listas para operar. Sin embargo, la negligencia de la exautoridad municipal habría impedido su ejecución.
Como parte del proceso judicial, se convocó a una audiencia para el domingo 27 de abril a las 10:30 a.m., en inmediaciones de la entrada del actual botadero municipal. En dicha diligencia se verificará el daño a fuentes de agua, biodiversidad y salud pública.
La resolución judicial cita como terceros interesados al Ministerio de Planificación, la Gobernación de Santa Cruz y la Contraloría General del Estado.
En ese marco, la asambleísta Álvarez hizo un llamado a las actuales autoridades electas del municipio, instituciones y activistas ambientales para exigir el cierre definitivo del botadero, así como el traslado inmediato de las operaciones a un nuevo predio técnicamente habilitado.
“Esta lucha marca un nuevo tiempo para la justicia ambiental. Vamos a exigir que los responsables respondan por el daño provocado y que las nuevas autoridades asumamos como prioridad esta problemática que no solo se da en el municipio de San Ignacio si no a nivel nacional. Aquí no se discute sobre la basura, sino sobre la vida, la salud y la dignidad de la gente”, afirmó Álvarez.
Finalmente, la exdiputada y actual asambleísta electa reiteró su compromiso de luchar por la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades indígenas chiquitanas y la población ignaciana en general afectadas por esta crisis ambiental.