Tras la segunda vuelta en cinco departamentos, Bolivia registra dos gobernadoras y una vicegobernadora, pero la representación femenina sigue siendo minoritaria en asambleas y alcaldías, según la Coordinadora de la Mujer.
Concluido el cómputo de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en cinco departamentos, el mapa político registra un avance en la participación femenina en cargos ejecutivos, empero, aún persisten brechas estructurales en el acceso al poder político, especialmente en asambleas departamentales y alcaldías, según un análisis de la Coordinadora de la Mujer.
Los resultados del Cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirman que María René Soruco es gobernadora de Tarija con demoledor 70,8% de los votos, sumándose a Gabriela De Paiva, quien fue en primera vuelta con un 46,92% de los votos en Pando. Con ello, por primera vez en la historia del país, dos mujeres liderarán gobernaciones de manera simultánea.
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Desde la Coordinadora de la Mujer, su directora, Tania Sánchez, calificó el hecho como un hito dentro del proceso democrático. “La presencia de mujeres en espacios de decisión no es simbólica: es fundamental para transformar las prioridades públicas”, declaró al portal Sumando Voces para referir después que se trata de “un proceso sostenido de incidencia y construcción colectiva por la democracia paritaria”.
El avance también se refleja en la elección de Paola Aguirre como vicegobernadora de Santa Cruz, que acompañó en la fórmula de la Alianza Libre a Juan Pablo Velasco, ya que obtuvieron el 56,07%, según el recuento final del OEP, hecho que la convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en el departamento, en un contexto marcado, según el análisis hecho por el sitio web, por situaciones de violencia y acoso político.
Sin embargo, el informe advierte que estos logros contrastan con una marcada desigualdad en los espacios legislativos. De acuerdo con el Observatorio de Género, el 64% de los asambleístas departamentales electos son hombres, frente al 36% de mujeres, lo que representa un retroceso respecto a 2021, cuando la participación femenina alcanzaba el 47%.
La brecha se profundiza en los escaños por territorio, debido a que la representación femenina apenas llega al 31%, lo que evidencia mayores dificultades para acceder a liderazgos locales. “El desafío sigue siendo enorme”, advirtió Sánchez, al señalar que persisten “barreras estructurales, prácticas discriminatorias y contextos de violencia política”.
La situación es aún más crítica en el ámbito municipal. Solo 31 mujeres fueron electas como alcaldesas de un total de 335 municipios, lo que equivale al 9,7% del total. Aunque la cifra muestra un leve incremento respecto al 6,5% registrado en 2021, sigue como evidencia de la profunda desigualdad en el acceso a cargos ejecutivos.
“El aumento de mujeres en la política no está cambiando quién ejerce el poder”, afirmó Sánchez, al precisar que por cada 11 hombres electos como alcaldes, solo una mujer accede a ese cargo. El análisis también revela fuertes disparidades territoriales: mientras en Beni las alcaldesas alcanzan el 31%, en departamentos como Potosí y La Paz los porcentajes caen por debajo del 6%, y en Cochabamba ningún municipio eligió a una mujer como autoridad edil.
Además, el Observatorio de Género advierte que la desigualdad no solo se refleja en la cantidad de candidaturas, sino en las condiciones de competencia. Mientras 17 de cada 100 candidatos hombres resultan electos, solo 11 de cada 100 mujeres logran acceder a un cargo.
“Estas disparidades territoriales refuerzan la necesidad de políticas diferenciadas y estrategias de impulso a liderazgos de mujeres que respondan a contextos locales específicos”, reflexionó Sánchez. Los datos patentizan que la desigualdad no solo radica en la cantidad de candidaturas, sino también en las condiciones de la competencia electoral.
En este contexto, la Coordinadora de la Mujer concluye que, pese a los avances en cargos ejecutivos departamentales, la democracia paritaria en Bolivia aún enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan el acceso pleno de las mujeres al poder político.