El procurador señaló que el pago de ese monto por concepto de indemnización al banco español BBVA no afectará los fondos de pensiones de los aportantes.
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La Procuraduría General del Estado activó las auditorías para identificar a los responsables del fallo adverso que sufrió el Estado y que le costará 105 millones de dólares, por el arbitraje de BBVA.
«Esas auditorías nos podrá nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables y poder identificarlos, una vez identificados los responsables tengan la certeza de que el Estado, a través del Gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para repetir y recuperar el daño económico causado al Estado», indicó el subprocurador Roger Longaric.
La Justicia de Países Bajos ratificó que Bolivia debe pagar una indemnización de 105 millones de dólares a la firma española BBVA por la nacionalización de la AFP Previsión. Las autoridades explicaron que se trata de un laudo arbitral heredado y que ahora se busca recuperar el dinero afectado al Estado por intermedio del procesamiento de los responsables de este hecho.
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La Gestora Pública de la Seguridad Social aseguró que el fallo en contra no afectará la estabilidad de los fondos de los aportantes y que se sumarán a las acciones para minimizar el impacto contra las arcas de la institución pública.
«Nuestro compromiso como Gestora es garantizar la estabilidad del sistema de pensiones, la seguridad de los aportantes y la continuidad de las prestaciones. Entonces todos los fondos de los trabajadores están seguros en este tema», manifestó el gerente de la Gestora, Marcelo Fernández.
La demandante BBVA reclamó que el proceso de transición por la nacionalización dispuesta en el gobierno del MAS fue caótico y generó incertidumbre jurídica, pero, además, se declaró víctima de una campaña de hostigamiento por parte de Bolivia al condicionar su salida del país al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.