El anuncio del Gobierno de destinar 1.000 millones de bolivianos adicionales a salud y educación dentro del presupuesto reformulado 2026 ha generado reacciones divididas en el sector sanitario.
Fuente: ANF
Si bien los representantes médicos y de trabajadores reconocen que la medida representa un avance, coinciden en que está lejos de resolver la crisis estructural que atraviesa el sistema público en Bolivia.
Daniel Cazas, secretario ejecutivo de la Confederación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Confesirmes), valoró el incremento presupuestario como un “paso positivo”, aunque advirtió que resulta insuficiente frente a la magnitud de las necesidades. Según explicó, la creación de 2.400 nuevos ítems para salud apenas paliará las deficiencias del Sistema Único de Salud (SUS), que arrastra un déficit estimado de al menos 20.000 profesionales.
“El apoyo siempre es beneficioso para la población, pero no cubre el problema de fondo”, sostuvo en contacto con ANF.
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Como ejemplo, mencionó el caso del Hospital El Alto Sur, en El Alto, que, pese a su moderna infraestructura, no puede operar a plena capacidad por falta de personal, funcionando en la práctica como un policonsultorio.
Cazas también alertó sobre el riesgo de que los nuevos ítems sean utilizados con fines políticos. En ese sentido, exigió que la asignación se realice mediante concursos de méritos y exámenes de competencia, priorizando la contratación de especialistas, subespecialistas, enfermeras y nutricionistas. “El sistema necesita personal asistencial, no más administrativos”, enfatizó.
Además, subrayó que el incremento presupuestario debe ir acompañado de una planificación estratégica que fortalezca el primer nivel de atención, con el objetivo de evitar la saturación de hospitales de mayor complejidad. También remarcó la necesidad de coordinación entre el nivel central, gobernaciones y municipios, cuestionando la falta de avances en algunas regiones y denunciando retrasos salariales en otras.
Una postura más crítica fue expresada por Fernando Romero, representante del sindicato del Hospital de la Mujer, quien calificó el anuncio como una medida “improvisada” que no responde a la gravedad de la crisis sanitaria. A su juicio, los 2.400 ítems anunciados están muy por debajo de los al menos 10.000 necesarios para generar un impacto real.
Romero advirtió además que, en la práctica, estos cargos suelen destinarse a personal auxiliar en lugar de profesionales especializados, lo que limita su efectividad. En términos presupuestarios, consideró que el incremento podría mejorar parcialmente la cobertura del SUS, elevándola del actual 30% o 40% a un rango de entre 40% y 60%, pero sin garantizar una atención integral.
“El sistema está en crisis total. Lo que se esperaba era una garantía plena de las prestaciones del SUS”, afirmó Romero a ANF.
Asimismo, cuestionó la falta de un plan estructural desde el Ministerio de Salud y expresó dudas sobre el cumplimiento de los anuncios gubernamentales, recordando promesas anteriores que no se concretaron.
En la misma línea, Jenny Arias, secretaria ejecutiva de los Trabajadores en Salud, manifestó su insatisfacción ante la limitada creación de ítems. Indicó que su sector había planteado como demanda mínima la incorporación de 10.000 nuevos cargos para cubrir la deuda histórica en recursos humanos en todos los niveles de atención.
“Cualquier cantidad de ítems es bienvenida, pero no responde a la necesidad real del sistema”, señaló a ANF. Arias destacó que la falta de personal es una de las principales causas de las deficiencias en la atención médica, situación que, según dijo, suele ser atribuida injustamente a los trabajadores.
La dirigente también llamó la atención sobre la precariedad laboral en el sector, donde muchos profesionales dependen de contratos municipales o departamentales con pagos irregulares. En ese contexto, subrayó la importancia de que el nivel central asuma la contratación mediante ítems permanentes, lo que permitiría reducir la conflictividad social y garantizar mayor estabilidad.
El presupuesto reformulado, presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, asciende a 391.000 millones de bolivianos y plantea una política de austeridad en el gasto corriente, con recortes superiores a los 4.100 millones en viáticos, pasajes y publicidad estatal. Estos recursos se redirigen principalmente a áreas sociales, incluyendo la creación de 3.000 ítems en educación, 2.400 en salud y 100 en seguridad.
No obstante, para los actores del sector sanitario, el problema no se limita a la asignación de recursos, sino a su ejecución y a la ausencia de una estrategia integral. Coinciden en que, sin una planificación adecuada, transparencia en la contratación y garantía de insumos, medicamentos y equipamiento, el incremento presupuestario difícilmente se traducirá en mejoras sustanciales para la población.
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