Las 22 comunidades campesinas de Rurrenabaque atraviesan una situación de alta vulnerabilidad marcada por la inseguridad jurídica sobre sus tierras y un abandono casi total del Estado en servicios básicos, según denunció Yandira Racua, representante de la Central Única de Trabajadores Campesinos de la región.
Fuente: ANF
Racua afirmó que, durante años, las comunidades han exigido la titulación de sus territorios sin obtener respuestas efectivas. Atribuye esta situación a la excesiva burocracia institucional, que ha dilatado los procesos y dejado en incertidumbre a familias asentadas históricamente en la zona.
“No tenemos seguridad jurídica, pese a vivir y trabajar estas tierras desde hace décadas”, señaló la dirigente a ANF.
Uno de los aspectos más preocupantes, dijo, es la titulación de tierras a favor de terceros. Denunció que, en varios casos, el Estado habría otorgado derechos propietarios a privados por encima de asentamientos antiguos, generando conflictos y el riesgo de desplazamiento de comunidades enteras.
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Asimismo, cuestionó que durante anteriores gestiones se haya favorecido a comunidades denominadas “interculturales”, incluso mediante procesos de saneamiento realizados sin verificación en campo.
En ese contexto, Racua sostuvo que no existen garantías para los sectores campesinos más vulnerables, pues en ocasiones —afirmó— se promueve el asentamiento de nuevas comunidades en territorios ya ocupados, lo que incrementa la tensión social y la inseguridad sobre la tierra.
A esta problemática se suman las difíciles condiciones de vida. Las comunidades se encuentran alejadas de la carretera principal, en zonas de difícil acceso, lo que limita su movilidad y acceso a mercados. Aunque producen alimentos como papaya, plátano y yuca, enfrentan serios obstáculos para comercializarlos.
“Los caminos están en mal estado o son cerrados por propietarios; muchas veces la producción se pierde porque no podemos sacarla”, explicó Racua.
En cuanto a los servicios básicos, la situación es igualmente crítica. La dirigente describió el sistema de salud como “muy precario”, con postas ubicadas únicamente en zonas cercanas a la carretera.
Además, denunció la falta de medicamentos adecuados, indicando que en muchos casos solo se receta paracetamol para distintas dolencias. Ante ello, las comunidades recurren a la medicina tradicional y al uso de plantas para tratar enfermedades.
El acceso al agua potable tampoco está garantizado por el Estado. Según Racua, los proyectos en curso dependen en gran medida de organizaciones no gubernamentales, en coordinación con instancias municipales. A esto se suma la ausencia de inversión en la apertura y mantenimiento de caminos vecinales, lo que profundiza el aislamiento.
La representante campesina expresó desconfianza hacia los acuerdos suscritos con autoridades nacionales del actual gobierno. Si bien reconoció la firma de actas con viceministros para la regulación de tierras e implementación de proyectos productivos, advirtió que estas no siempre son consensuadas con las bases, lo que pone en duda su cumplimiento y la posibilidad de mejoras reales en la situación territorial y social de las comunidades.
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