Las imágenes de video difundidas muestran a varios policías rodeando a los periodistas y atacándolos con gas mientras intentaban cubrir la movilización docente. La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y El Alto condenaron enérgicamente la represión. Los dirigentes anunciaron que iniciarán un proceso penal contra los responsables de las agresiones y solicitarán una reunión urgente con el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, para exigir explicaciones y medidas disciplinarias.
eju.tv / Video: Periodista de El Deber Ericka Segales y Diario Local
Golpes y gas lacrimógeno para los que querían contar la verdad. Ayer, Plaza Murillo fue escenario de una violenta represión policial contra periodistas que cubrían una protesta de maestros. El saldo incluye equipos de comunicación dañados, periodistas con ojos irritados, dolores de cabeza y al menos una profesional con hemorragia nasal. La corresponsal de El Deber, Erika Segales, denunció que los agentes de la Unidad Táctica Operativa (UTOP) arremetieron contra la prensa sin mediar provocación, rociándoles varias veces gas lacrimógeno directamente en el rostro pese a estar identificados.
“Lo ocurrido constituye un exceso policial. (…) No basta con una disculpa, debe sancionarse a los responsables de la brutal agresión policial”, denunció Segales en entrevista con la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). En sus redes sociales, la reportera detalló que la protesta era de ocho personas, siete de ellas mujeres. “Probablemente habría pasado desapercibida, pero decidimos registrar el desalojo porque resultaba desproporcionado que más de una treintena de policías fueran desplegados para intervenirla”, escribió en sus redes sociales.
Segales relató que los uniformados se ensañaron con los reporteros. “Los policías arremetieron contra la prensa. No porque hubiera interferencia en su labor, sino porque se estaba documentando lo que sucedía. Sin explicación, te sujetan con fuerza, te jalan, pese a estar identificado como prensa y pedir que no te toquen, sin darte opción de retirarte, te rocían gas directamente en el rostro. Eso es un exceso”, relató. Agregó que, a pesar de advertir que ya no podía ver por el efecto del gas, los agentes continuaron empujándola. En el mismo desplazamiento, rociaron gas en los ojos a una periodista de TVU, quien terminó con una hemorragia nasal. Cuando otros colegas intentaron intervenir para pedir respeto, también fueron gasificados.
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Las imágenes de video difundidas muestran a varios policías rodeando a los periodistas y atacándolos con gas mientras intentaban cubrir la movilización docente. La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y El Alto condenaron enérgicamente la represión. Los dirigentes anunciaron que iniciarán un proceso penal contra los responsables de las agresiones y solicitarán una reunión urgente con el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, para exigir explicaciones y medidas disciplinarias.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) también se pronunció, respaldó la exigencia de sanciones y denunció el clima de hostilidad hacia quienes ejercen el periodismo. La ANP recordó que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares democráticos que no pueden ser vulnerados por el uso desproporcionado de la fuerza.
Asimismo, el Defensor del Pueblo expresó su profunda preocupación por los hechos. Mediante un comunicado, la institución señaló que el uso de agentes químicos y los empujones contra periodistas en ejercicio de su labor constituyen una violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales que protegen el trabajo de la prensa. El Defensor instó a las autoridades a investigar con celeridad y a sancionar ejemplarmente a los responsables.
Los gremios de periodistas advirtieron que no permitirán que estos actos queden en la impunidad. “No basta con una disculpa”, insistió Segales. La solicitud de audiencia con el comandante Sokol y la acción penal anunciada marcan el inicio de una batalla legal que busca sentar un precedente contra la violencia institucional hacia la prensa en el país.