El viceministro negocia con la dirigencia de los movilizados y sostiene que el decreto sobre tierras resuelve la inseguridad jurídica denunciada por campesinos e indígenas.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, en una conferencia de prensa. Foto: Erbol
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, afirmó este martesdesde Caranavi que el Gobierno cumplió con las demandas de campesinos e indígenas movilizados y advirtió que la continuidad de la marcha respondería a “razones políticas”, en medio de negociaciones para evitar que la protesta avance hacia La Paz.
La autoridad llegó a esa región del norte paceño en el cuarto intento de diálogo con los movilizados, luego de reuniones previas en Rurrenabaque, Collana y Quiquibey, en un conflicto centrado en la seguridad jurídica sobre la tierra. “Desde el principio sus demandas fueron aceptadas… el decreto ha sido aprobado exactamente como fue consensuado”, sostuvo Paredes, en referencia a la norma que busca acelerar la dotación y titulación de tierras y corregir irregularidades en procesos anteriores.
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Según explicó, el decreto apunta a resolver ‘injusticias dramáticas’, como trámites que se prolongaban por hasta 20 años para pequeños propietarios y comunidades. “Creemos que estamos corrigiendo una injusticia que ya se estaba volviendo una costumbre”, afirmó. El viceministro aseguró que la mayoría de las bases respalda la norma y no ve necesidad de continuar con la movilización. “La prueba clara es que la plaza de Caranavi está vacía, la gente no quiere continuar porque sus demandas ya han sido resueltas”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que el respaldo es mayoritario y que la disidencia se concentra en algunos dirigentes. “Si continúa la marcha, sería por razones políticas, pero no por no haber atendido las demandas”, afirmó. Paredes también atribuyó el conflicto a un contexto de desconfianza acumulada en el sector rural. “Hay un tema de desconfianza”, señaló, al referirse a las críticas sobre la Ley 1720, que, afirmó, no vulnera derechos propietarios.
“La ley no le quita tierras a nadie, más bien permite mejorar condiciones como acceso a crédito”, afirmó, aunque reconoció que existe una percepción negativa impulsada por algunos sectores. En ese marco, el Gobierno activó dos acciones paralelas: una consulta ante el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la norma y la elaboración de una ley corta consensuada con los movilizados para reforzar la seguridad jurídica.
El viceministro también denunció desinformación en torno al conflicto. “Hay algunos dirigentes que desde el principio han desinformado para generar este movimiento”, sostuvo. Paredes estimó que entre 250 y 400 personas integran la movilización, aunque confió en que el conflicto se resuelva en las próximas horas. “Creo que hoy es el día de solución”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el Ejecutivo buscará reconstruir la confianza mediante resultados concretos. “La confianza va a ser verificada por los resultados, vamos a transparentar la entrega de títulos para que la gente pueda controlar”, enfatizó. El desenlace de las negociaciones en Caranavi permitirá definir si la marcha se desactiva o continúa hacia la sede de Gobierno en medio de un escenario de creciente conflictividad social.