La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) advirtió que la falta de información oficial sobre la crisis del combustible en el país constituye una “omisión grave” del Estado, en un contexto marcado por denuncias de distribución de carburantes que no cumplen con estándares de calidad.
Fuente: ANF
A través de un comunicado institucional, la organización señaló que la ausencia de datos claros sobre la cantidad de vehículos afectados, los costos de reparación y los reclamos registrados impide dimensionar el alcance real del daño provocado por el suministro irregular.
En ese sentido, recordó que el derecho a la información, reconocido por la Constitución Política del Estado y por tratados internacionales, obliga a las autoridades a actuar con transparencia inmediata, especialmente cuando están en riesgo la seguridad y el patrimonio de la población.
El pronunciamiento surge luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconociera la presencia de combustible con parámetros fuera de norma, incluyendo niveles elevados de goma y manganeso, sustancias que pueden afectar directamente el funcionamiento de los motores.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La APDHB indicó que este hecho confirma la vulneración de estándares técnicos que el propio Estado está obligado a garantizar.
Asimismo, la entidad de derechos humanos alertó sobre denuncias públicas de fallas mecánicas asociadas al uso de este combustible, lo que derivó en la activación del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Sin embargo, cuestionó que hasta la fecha no se hayan publicado datos oficiales consolidados que permitan conocer la magnitud del problema.
“La ciudadanía merece respuestas claras, no evasivas. Merece reparación, no trámites interminables”, señala el documento, que también advierte que el silencio institucional puede convertirse en una forma de revictimización y, por tanto, en una vulneración de derechos humanos.
En esa línea, la APDHB sostuvo que el Estado no puede limitarse a reconocer fallas técnicas, sino que debe asumir responsabilidades y garantizar que la población no cargue con las consecuencias de errores institucionales. Además, remarcó que la distribución de combustible en mal estado no es un incidente menor, sino un hecho que compromete la seguridad, el patrimonio y la confianza pública.
Entre sus principales demandas, la organización exige una reparación integral e inmediata para las personas afectadas, que incluya la restitución total de los daños, indemnizaciones por lucro cesante y la cobertura de todos los gastos derivados.
También pidió la publicación de una auditoría forense sobre la cadena de custodia del combustible distribuido por YPFB, así como la sanción efectiva a los responsables.
/FC/JA
