El exdirigente de la Juventud Yungueña Raúl Uría, acusado en 2022 por la supuesta tenencia de armas en el marco de un conflicto entre sectores cocaleros en La Paz, afirmó que su situación jurídica permanece en incertidumbre mientras espera la realización de un nuevo juicio, luego de que el proceso anterior fuera anulado.
Fuente: ANF
Según explicó, el Ministerio Público debe presentar nuevamente la acusación formal, mientras que el Ministerio de Gobierno continúa como parte acusadora. Los cargos en su contra —tráfico ilícito de armas y porte de armas— se mantienen sin modificaciones.
Más allá del curso legal del caso, Uría enfatizó el impacto que las medidas sustitutivas han tenido en su vida cotidiana. “Llevo cerca de cuatro años sin poder trabajar legalmente”, señaló a ANF, y detalló que, entre el tiempo que pasó en prisión y el periodo bajo restricciones, ha visto limitada cualquier posibilidad de generar ingresos.
Entre las condiciones que aún debe cumplir se encuentran la prohibición de ejercer actividades laborales y la obligación de registrar su presencia mediante control biométrico tres veces por semana. Calificó esta situación como “terrible” por sus consecuencias económicas y personales.
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El exdirigente indicó que presentó sus descargos hace aproximadamente tres semanas, y que su proceso ahora está en manos de un nuevo juez. Este escenario, según su relató, prolonga la indefinición sobre su situación.
El caso de Uría se remonta al 15 de septiembre de 2022, cuando fue detenido en La Paz en medio de un conflicto por el control del mercado de coca en los Yungas. De acuerdo con los antecedentes, su aprehensión se produjo sin orden judicial y derivó en una imputación por delitos relacionados con tenencia de explosivos y presuntos vínculos con tráfico de armas, en el contexto de hechos de violencia como la quema del mercado de coca de Villa El Carmen.
Presiones para admitir delitos no cometidos
Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por cuestionamientos. Su defensa sostuvo que no existían pruebas materiales y que la acusación se sustentaba en informes de inteligencia. Pese a ello, la justicia dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro, donde permaneció durante cerca de 22 meses.
Durante ese periodo, Uría denunció presiones para acogerse a un procedimiento abreviado y declararse culpable a cambio de beneficios, lo que —según afirmó— implicaba admitir delitos que no cometió. También relató amenazas de enfrentar una condena de hasta 15 años si no aceptaba esa alternativa.
En mayo de 2023, un juez determinó que podía defenderse en libertad, aunque bajo medidas sustitutivas que incluían detención domiciliaria, arraigo y una fianza elevada. Sin embargo, estas condiciones dificultaron su salida inmediata de prisión. No fue sino hasta julio de 2024 que logró dejar el penal, aunque bajo un régimen de libertad restringida.
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